No obstante, el proceso administrativo continuará hasta final de año y el Gobierno aún dispone hasta el 30 de septiembre para solicitar el último desembolso.
Impulsado por los fondos europeos NextGenerationEU tras la pandemia, el plan ha permitido a España recibir 78.000 millones de euros, el 76,5% de los recursos asignados, tras cumplir 338 hitos. Según el Ejecutivo, los fondos han contribuido a modernizar la economía y han beneficiado a 1,5 millones de destinatarios, especialmente pymes y microempresas.
Queda pendiente la séptima y última solicitud de pago, vinculada al cumplimiento de 148 objetivos y a más de 25.000 millones de euros entre transferencias y préstamos. Entre los compromisos aún pendientes figura la equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina, una medida rechazada por el Congreso que ya supuso una reducción de fondos procedentes de Bruselas.
Durante la ejecución del programa, el Gobierno renunció a cerca del 70% de los préstamos inicialmente previstos, al considerar que habían perdido atractivo financiero. Sin embargo, algunos análisis apuntan también a una demanda empresarial inferior a la esperada.
La principal discrepancia entre el Ejecutivo y los organismos independientes se centra en la ejecución real de los fondos. Entidades como Funcas advierten de que parte de los importes contabilizados como resueltos no acreditan que hayan llegado efectivamente a la economía productiva. Además, aún restan alrededor de 22.000 millones de euros por adjudicar, cantidad que podría perderse si no se compromete dentro del plazo establecido.
Pese a estas dudas, el Gobierno defiende que el plan ha tenido un impacto significativo en el crecimiento económico, la productividad, la innovación y la reducción de desequilibrios estructurales, y lo considera un éxito en la transformación de la economía española.
