En concreto, preguntado por si el Gobierno presentará los PGE el próximo mes de septiembre, Sánchez ha declarado en una entrevista con la cadena SER que él se ha comprometido a presentar las cuentas públicas en 2026. «Yo me he comprometido a que su debate va a ser sustanciado en el 26 y van a ser presentados en el año 2026, y va a haber elecciones en el 27», han sido sus palabras.
Sobre si el Gobierno trabaja en nuevas medidas para mejorar el acceso a la vivienda, Sánchez ha asegurado que ahora mismo se está trabajando con los grupos parlamentarios en el Real Decreto-ley de vivienda cuya aprobación en Consejo de Ministros estaba prevista para antes del verano y que se retrasó a septiembre ante la falta de apoyos parlamentarios. Sánchez ha indicado que esta norma persigue rebajar precios y dar seguridad a propietarios y a inquilinos, y ha recordado que incluye bonificaciones a los primeros para que se incentive el aumento de la oferta.
En principio, este decreto incluye también la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028 y la subida al 21% del IVA de los pisos turísticos.
«Desgraciadamente, tenemos un Parlamento complejo donde, por un lado, existe un consenso amplio de que tenemos que hacer más (en vivienda) como consecuencia de que hay comunidades autónomas y ayuntamientos que se niegan a hacerlo y, por tanto, asumir esas responsabilidades por parte de las Cortes Generales. Por tanto, ese consenso existe, esa preocupación existe. Y donde existen las discrepancias es en algunos elementos de las intervenciones que desde el Gobierno estamos proponiendo».
Según ha afirmado, algunas de las medidas de este Real Decreto-ley de vivienda son «excesivas» para algunas formaciones políticas, caso de Junts, mientras que para otras son «insuficientes», en alusión a Sumar. «Pero bueno, nosotros estamos trabajando en ese Real Decreto-Ley, no para aprobarlo en el Consejo de Ministros, sino para convalidarlo en las Cortes Generales. Y lo que pediría a los grupos parlamentarios es que hagamos un ejercicio de responsabilidad máxima», ha reclamado.
El plan de apoyo a Ceuta incluirá una bonificación del 75% a la contratación de trabajadores tanto en esa ciudad autónoma como en Melilla, según ha avanzado este lunes el presidente del Gobierno, Sánchez durante una entrevista en la Cadena Ser. Esta medida forma parte del paquete de ayudas urgentes que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que estará dotado con 168 millones de euros.
Además de la bonificación a las empresas por las cotizaciones, se facilitará a las que lo necesiten que puedan acogerse a un ERTE. En este caso, explican desde el Ministerio de Trabajo, contarán con una exención del 100% de las cotizaciones empresariales y «máxima protección» para las personas trabajadoras, ya que permitirán acceso pleno y sin consumo a la prestación por desempleo.
Sánchez ha apuntado que el plan de apoyo a Ceuta equivale al 8% del PIB de la ciudad autónoma y que incluirá también ayudas directas a pymes y autónomos para revitalizar la economía local tras la entrada masiva de inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio, de los que una parte permanecen en la ciudad.
Este plan de ayudas de 168 millones supone una ampliación extraordinaria del plan especial de apoyo económico a Ceuta y que de 2023 a 2026 ya ha movilizado 180 millones de euros. Más en detalle, el plan supondrá una inyección directa de 80 millones de euros durante los próximos cuatro meses mientras que los otros 15 millones irán a reforzar los servicios de educación, sanidad y justicia.
En su primera entrevista del nuevo curso, Sánchez ha descartado a Marruecos como responsable de la entrada masiva de migrantes a Ceuta: «No hay ninguna información», ha indicado. El próximo jueves las explicaciones las dará ante el Congreso en una comparecencia adelantada una semana sobre la fecha fijada en un primer momento después de que las formaciones de la Cámara baja instaran al presidente a acudir antes.
Hizo eso y, además, exculpó de nuevo a las autoridades de Marruecos de lo ocurrido, culpó a las mafias y también a Rusia, a Israel y a la «internacional ultraderechista» -esto último fue nuevo- y se puso de parte de Grande-Marlaska en su choque con la también ministra Robles por las advertencias del CNI, que Sánchez rebajó a simples «informes de situación» que en ningún momento alertaban de la magnitud de la amenaza.
Además, ha anunciado que Felipe VI viajará a Ceuta próximamente porque así se lo ha pedido él al monarca, después de las informaciones surgidas en las últimas semanas sobre un supuesto tira y afloja entre la Moncloa y Zarzuela al respecto.
«Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el Rey visite por fin Ceuta y Melilla cuando se den las condiciones para ello. Pero esa visita se hará», señaló Sánchez dejando abierta la fecha, y no sin antes presumir de que él ha sido el presidente que más ha visitado la ciudad autónoma estando en el cargo y que Don Felipe lleva «20 años de reinado» y no lo ha hecho nunca, ni con Ceuta ni con Melilla. Se equivocó: no son 20 años, sino 12, desde 2014
«Es lo que parece». El presidente del Gobierno Pedro Sánchez se ha mostrado rotundo al ser preguntado por el ático comprado por la Comunidad de Madrid por más de 6 millones de euros de dinero público supuestamente para usarlo como oficina para Isabel Díaz Ayuso, algo que posteriormente se supo que la normativa municipal no permitía. «Parece que esta señora ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños, para vivir en él, y que se le ha pillado», ha asegurado.
Sánchez ha insistido en que la formación de Feijóo tiene un problema de «transparencia» y de «exigencia de responsabilidades»: «Tiene que aplicarlo el jefe de la oposición, no decir ‘yo lo sabía desde abril’, porque (Ayuso) dice que no sabía nada. ¿Él lo sabía y ella no?… Es lo que parece. El aticazo con el dinero de los madrileños y sin aplicar la ley de vivienda».
«Necesita un piso de 400 metros cuadrados y 200 de terraza», ha ironizado. «Tiene que ver con la sensación de impunidad con la que algunos dirigentes de la derecha actúan y hay dudas sobre la celeridad en algunas causas judiciales», ha añadido.
En otro orden de cosas, Sanchez considera que «hay un legado, una trayectoria» de Zapatero que hace que tenga que defender su presunción de inocencia y pide «dejar trabajar a la justicia que está en los inicios de este proceso».
Sánchez lamenta que la palabra del político o, en este caso del expolítico, valga «menos que la palabra de un presunto criminal» y ha puesto un ejemplo: «Yo he escuchado a Aldama decir poco menos que él y yo éramos íntimos amigos y resulta que abre las portadas de los medios de comunicación de prensa escrita cuando es mentira, pero esta es la realidad que tenemos».
Volviendo al caso de Zapatero, Sánchez ha recordado que «las acciones de mediación, de influencia y de lobby por parte de expresidentes se dan en una amplísima mayoría de democracias del mundo».
El presidente, que ha tenido muchas conversaciones con Zapatero, apunta que «jamás» le ha hablado de Plus Ultra que, aclara, no fue rescatado si no que se le concedió «un préstamo avalado por todas las instancias judiciales y por la Intervención General del Estado. Si es que han mirado el expediente por arriba y por abajo y es impoluto», defiende.
Sobre las joyas encontradas en el despacho del expresidente, Sánchez también está tranquilo: «Él me ha garantizado que va a poder demostrar en sede judicial la legalidad de las mismas».
Caso Leire Díez: «Yo nunca ni conocí ni avalé ese tipo de comportamientos que me producen no solo vergüenza sino también rechazo» Además de Plus Ultra, el PSOE se ha visto señalado en diversas causas judiciales. Sánchez defiende que el partido «no se ha financiado irregularmente» y que se han aportado todas las facturas: «Hemos hecho un ejercicio de transparencia».
Se ha imputado a la presidenta de la SEPI, a la directora y al DAO de la Guardia Civil, pero Sánchez recuerda que «la imputación no es una condena en todo caso», que son «cuestionables» y, por eso, defiende «su inocencia y su integridad».
Una de las causas abiertas es la de Leire Díez en la que considera «todo es confuso» y reconoce que no sabe «las cosas que pueden ser objeto de delito o no». Lo que sí quiere dejar claro es que él no estaba enterado de nada: «Yo nunca ni conocí ni avale ese tipo de comportamientos que me producen no solo vergüenza sino también rechazo».
«Begoña Gómez está en una causa judicial no por lo que ha hecho sino por ser la esposa del presidente del Gobierno»
Sánchez también se ha referido a los casos que atañen a su mujer y a su hermano pero, como ya ha hecho en alguna otra intervención, ha sido reticente a llamarles así y prefiere llamarles por su nombre «porque precisamente esta es la estrategia de deshumanización de algunos medios de comunicación o pseudo medios de comunicación y también de la oposición».
A continuación, ha repasado la trayectoria de los dos: «Begoña Gómez y David Sánchez han sido y son personas que durante toda su vida se han dedicado a formar. Mi hermano David es una persona que está licenciada en Económicas por ICADE. Que está licenciada en la universidad, o mejor dicho, en el Conservatorio Conservatorio Rimsky-Korsakov de San Petersburgo en composición y en dirección de orquesta. Es una persona que habla ruso perfectamente, que habla inglés perfectamente, que habla francés, italiano, entre otras lenguas, y que ha trabajado en el mundo de la cultura que desgraciadamente en nuestro país es un mundo muy difícil y ha sufrido esta sentencia que yo considero injusta y que evidentemente no se hubiera producido si no fuera el hermano del presidente».
Considera que a Begoña Gómez le pasa lo mismo: «Yo la conocí con 30 años. Ella tenía ya una carrera profesional. Cuando llegamos a a la Secretaría General del Partido Socialista, ella ya colaboraba con la Universidad Complutense. En 2018, cuando llegué a la Presidencia del Gobierno de España, ella renunció a su puesto de trabajo. Yo no se lo pedí, lo hizo porque entendía que podía dificultar mi acción como presidente del Gobierno y decidió volcar su tiempo en la cooperación y la colaboración en la Universidad Complutense. Y la llevan a juicio por eso, a un jurado popular».
Por todo ello, está «convencido de que Begoña Gómez hoy está en una causa judicial no por lo que ha hecho, no por ser Begoña Gómez, sino por ser la esposa del presidente del Gobierno».
