Según adelantó El Español, el documento, remitido a la Audiencia Nacional, sostiene que gendarmes marroquíes uniformados habrían dirigido el flujo de personas hacia distintos puntos de la frontera. Además, individuos de paisano identificados por los investigadores como presuntos agentes de seguridad marroquíes habrían dado instrucciones para concentrar los accesos en el espigón del Tarajal. La investigación incorpora fotografías, nombres y otros indicios que respaldarían esa tesis.
La Policía concluye que los hechos no responderían únicamente a un movimiento migratorio espontáneo ni a la acción de mafias, como inicialmente sostuvieron las autoridades, sino a una actuación coordinada destinada a provocar una situación de saturación en la frontera española. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón abrió diligencias tras una denuncia de Iustitia Europa y solicitó informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil antes de decidir sobre la competencia del tribunal.
En apenas dos días, más de 70.000 personas llegaron a las inmediaciones de Ceuta, generando una presión extraordinaria sobre los dispositivos de control fronterizo. El informe sostiene que la actuación de agentes marroquíes permitió organizar y orientar esos movimientos hacia puntos concretos de acceso.
El documento cobra especial relevancia porque la Policía ya había advertido previamente del riesgo de una entrada masiva. Un informe anterior alertaba de un «riesgo extremo» de accesos ilegales coordinados en Ceuta y Melilla. La investigación trata ahora de determinar hasta qué punto ese escenario se materializó mediante una actuación organizada desde el otro lado de la frontera.
La posible implicación de agentes marroquíes introduce un elemento de gran trascendencia para las relaciones bilaterales. Marruecos es un socio esencial de España en materia migratoria, policial y antiterrorista. Cualquier prueba de que miembros de su aparato de seguridad facilitaron deliberadamente una entrada masiva tendría consecuencias relevantes para esa cooperación.
El informe no atribuye directamente la operación al Gobierno marroquí, pero sí plantea la hipótesis de una actuación coordinada de agentes de seguridad con un objetivo que iría más allá de la mera presión migratoria. Además, el caso afecta a un escenario especialmente sensible por las históricas tensiones en torno a Ceuta y Melilla.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora el alcance de los hechos y si existen elementos suficientes para profundizar en la investigación. Mientras tanto, el Gobierno ha pedido prudencia. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reclamado evitar «conjeturas» hasta que se conozca y analice el contenido completo del informe.
Por su parte, Iustitia Europa ha solicitado a la magistrada que proteja expresamente a los funcionarios policiales que participaron en la elaboración y remisión del informe. La formación pide que cualquier medida administrativa o disciplinaria que les afecte sea comunicada al tribunal y que se advierta de las posibles responsabilidades derivadas de cualquier intento de interferir u obstaculizar la investigación judicial.
