El conflicto quedó patente en el acto de apertura del año judicial, donde la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, criticó las acusaciones de miembros del Ejecutivo que atribuyen algunas resoluciones judiciales a motivaciones políticas y no jurídicas.
Hasta ahora, el enfrentamiento se había desarrollado principalmente en el terreno político e institucional. Sin embargo, en los últimos días ha dado un nuevo paso con iniciativas judiciales impulsadas por ambas partes.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha recurrido el acuerdo del Poder Judicial que descartó sancionar al juez Juan Carlos Peinado por su interrogatorio en La Moncloa y ha anunciado que llevará la cuestión ante el Tribunal Supremo. Paralelamente, la jueza Beatriz Biedma, que procesó al hermano de Pedro Sánchez, ha solicitado personarse en el denominado «caso Leire».
Esta situación ha generado preocupación entre las asociaciones judiciales. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) consideran que el Ejecutivo ha traspasado una línea roja al dirigir críticas personales contra jueces. Por su parte, Jueces y Juezas para la Democracia reclama rebajar la tensión y evitar declaraciones públicas que contribuyan a aumentar el enfrentamiento entre las instituciones.
