En el escrito, el Ministerio Público sostiene que no existen indicios suficientes para atribuirle un delito de prevaricación, aunque admite que su actuación pudo dar lugar a un acto administrativo «nulo de pleno derecho» por haber sido dictado por un órgano «manifiestamente incompetente» para adoptar determinadas decisiones.
La Fiscalía argumenta que los hechos ya fueron analizados en un procedimiento anterior tramitado en un juzgado de Madrid, que concluyó con un sobreseimiento firme. Por ello, invoca el principio de cosa juzgada para impedir la reapertura de una investigación penal sobre el mismo asunto.
El informe subraya además que una actuación administrativa puede ser ilegal o incluso nula sin que ello implique necesariamente responsabilidad penal. En este caso, considera que las posibles irregularidades deberían examinarse, en su caso, en la jurisdicción contencioso-administrativa y no en la penal.
El Ministerio Público recuerda que la mera ilegalidad de una resolución no basta para apreciar un delito de prevaricación y sostiene que la actuación atribuida a Puente no alcanza el grado de arbitrariedad exigido por el Código Penal.
Por ello, la Fiscalía concluye que la resolución cautelar dictada posteriormente en la jurisdicción contencioso-administrativa no puede alterar una decisión penal firme que ya descartó la existencia de ilícito penal, razón por la que solicita al Supremo que no continúe la investigación.
