El primer ministro checo, Andrej Babiš, fue el más duro al acusar a algunos dirigentes de estar dispuestos a “sustituir a la población” para mantenerse en el poder. También advirtió de que la República Checa podría reforzar sus fronteras para impedir la llegada de migrantes procedentes de otros Estados de Europa occidental.
Babiš amplió sus críticas a Países Bajos, por la supuesta prioridad de los inmigrantes en el acceso a la vivienda; a Suecia, por la presencia de parlamentarios de origen somalí; y a Berlín, cuya alcaldesa relacionó con Hamás. El dirigente checo describió la situación europea como “un camino hacia el infierno”.
Las regularizaciones, bajo examen
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidió a Bruselas que examine las consecuencias de las regularizaciones extraordinarias. Sin citar directamente a España, cuestionó que una persona que entra irregularmente en un país pueda obtener después un permiso de residencia y reclamó analizar qué ocurre cuando un Estado actúa de forma distinta al resto.
El canciller austríaco, Christian Stocker, también criticó a España por enviar una “mala señal” mientras la Unión Europea intenta frenar la inmigración irregular. Sugirió que la regularización española pudo influir en la presión migratoria sobre Ceuta, aunque admitió que no puede establecer una relación directa.
Nuevas herramientas ante situaciones excepcionales
Stocker respaldó la propuesta anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para permitir que los Estados dejen de admitir temporalmente solicitudes de asilo en circunstancias excepcionales. A su juicio, la crisis de Ceuta demuestra que los gobiernos necesitan mecanismos adicionales para reaccionar ante episodios de presión migratoria.
El canciller austríaco aseguró además que los países partidarios de endurecer la política migratoria, inicialmente minoritarios, reúnen ya a la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.
Estas declaraciones preceden al debate de los Veintisiete en Bruselas. La cumbre analizará una situación europea marcada por el descenso de las entradas irregulares y de las solicitudes de asilo, así como por el aumento de las expulsiones. Sin embargo, la crisis de Ceuta y las críticas a España han situado la política migratoria de Sánchez en el centro de la discusión.
