La comisión que preside el diputado del PP Manuel Cobo, encargada de tramitar la solicitud del Alto Tribunal, acordó por unanimidad el pasado 27 de diciembre dar de plazo a Ábalos hasta el 13 de enero para remitir sus alegaciones por escrito o bien acudir presencialmente en esa fecha para explicarse ante la comisión.
El Reglamento del Congreso establece que se debe dar audiencia al afectado por una de esas dos vías, pero el también ex secretario de Organización del PSOE ya comunicó el pasado 3 de enero su intención de acudir a dar personalmente su versión ante los miembros de la Comisión del Estatuto de los Diputados. La comparecencia, como todas las sesiones de esta comisión, se celebrará a puerta cerrada.
Reglamentariamente, este órgano tiene 30 días para resolver los suplicatorios, pero en este caso ese plazo chocaba con el mes de enero, que es inhábil a efectos parlamentarios. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, para no tener que retrasar su tramitación hasta febrero, cuando arranca el periodo ordinario de sesiones, PSOE y PP pidieron autorización para poder convocar la comisión este lunes y se les concedió.
El ahora diputado del Grupo Mixto ya dejó claro su rechazo a la petición del suplicatorio en el recurso de forma que presentó ante el Tribunal Supremo y que el juez instructor Leopoldo Puente archivó el pasado martes. Ábalos pidió la nulidad de las actuaciones alegando que ha habido una investigación ilegal contra su persona, pues defiende que se han vulnerado «tanto las garantías procesales como los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución». Por eso ya avanzó que si no se atendía su recurso, como así ha sido, recurriría en amparo ante el Tribunal Constitucional.
El exministro incluyó en su recurso la denuncia que tiene presentada la Fiscalía General del Estado por haber sido investigado la Unidad Central Operativa (UCO), pese a ser aforado, dado que se accedió a su correspondencia privada violando así el secreto de las comunicaciones.
