La citada documentación incluye su información patrimonial, los pagos del alquiler del chalé que los investigadores consideran una posible dádiva, y los informes de Adif y de la Dirección General de Carreteras que descartaban irregularidades en contratos de obra pública en su mandato.
En el escrito que acompaña a ese bloque documental, ase explica que el objetivo de presentarlo es que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, «pueda tomar debida cuenta de todas y cada una de las actuaciones» que ha realizado Ábalos en diferentes instancias judiciales y fiscalías, así como todas las comparecencias parlamentarias que a lo largo de estos años tienen que ver con la investigación.
Entre esa documentación, y atendiendo al índice de la misma, se halla el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas (TCu) sobre los contratos para la adquisición de mascarillas que son objeto de investigación, la inadmisión de una denuncia ante el TCu del abogado Ramiro Grau al respecto; las diferentes acciones legales emprendidas por el exministro al respecto de esta causa, artículos de prensa y las diferentes preguntas parlamentarias que desde junio ha formulado al respecto.
También incluye la auditoría elaborada por el Ministerio de Transportes por encargo del actual ministro Óscar Puente y la contrapericial que Ábalos encargó para combatir la del Ministerio. Suma a esto todos los pasos que dio en la Audiencia Nacional para intentar personarse, y las diferentes respuestas y recursos que se generaron.
Por otro lado, en un bloque específico dedicado al chalé de la urbanización de La Alcaidesa, Ábalos adjunta tanto el contrato de alquiler como los pagos de ese arrendamiento y la resolución del acuerdo.
Sobre el ‘caso Delcy’ –relativo al viaje fallido de la vicepresidenta venezolana en enero de 2020 a España–, aporta tanto el informe de Fiscalía como los diferentes autos de archivo de la causa. Además, aporta las diferentes comparecencias de cargos ministeriales en el Senado.
