«Si yo renunciara una semana después de que salte este escándalo, se vería como un signo de culpabilidad, que no asumo. Y solo supondría mi estigmatización. Ya tengo una edad y sé lo que es un apestado político. Defenderé mi persona desde el Grupo Mixto. Quien me quiere echar a la calle por la puerta de atrás me tendrá que seguir mirando a la cara», ha explicado Ábalos durante su comparecencia en el Congreso. Y agrega «me estoy enfrentando solo a todo».
«No estoy acusado de nada. No he sido requerido para nada. No figuro ni en la querella ni el auto judicial. Así que no me preocupa. Será la justicia la que resuelva las sanciones», ha puntualizado Ábalos. El exministro ha sido contundente en su declaración y ha asegurado que «lo único que hice fue conseguir equipos de protección lo más rápido y económico posible. Mi objetivo era reducir las comisiones porque todo el material venía de China». Además, ha añadido que «trate de salvaguardar el dinero público. Congelé el pago al proveedor hasta que no se recibiera los materiales, algo que no se hizo en otras contrataciones».
Mientras tanto, el PSOE también ha tomado cartas en el asunto y ha decidido suspender cautelarmente a Ábalos como miembro del partido, por no entregar el acta de diputado y pasar al Grupo Mixto, según consta en la resolución tomada por la Ejecutiva Federal del PSOE y que firma Cerdán. Ahora bien, contra esta decisión de la Ejecutiva se puede interponer recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías en el plazo de diez días hábiles. No obstante, Ábalos tiene cinco días «para hacer llegar al instructor del expediente los medios de prueba de los que pretende valerse en su defensa».
La inclusión de Ábalos afectará a la visibilidad del Grupo Mixto en las comisiones del Congreso. No obstante, mejorará a nivel económico. Así, cada grupo parlamentario recibe una cantidad fija mensual de 30.346 euros, más un extra de casi 2.000 euros por cada diputado. El Partido Socialista, por tanto, vería disminuidas sus asignaciones económicas con la marcha de Ábalos, mientras la cuantía del Grupo Mixto se elevará.
A raíz de todo esto, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ordenado una auditoría en dos de las empresas públicas dependientes de su cartera, Puertos del Estado y Adif, para aclarar los detalles de la compra de mascarillas en 2020. La Fiscalía Anticorrupción ya alegó que hay indicios para abrir causa a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Durante la pandemia, una compañía que recibió un contrato de 24,2 millones por parte del Ministerio de Transportes para suministrar mascarillas y otra licitación por valor de 12,5 millones, adjudicado por Adif para suministrar cinco millones de mascarillas a la compañía.
