La multinacional asegura que los hechos y conductas relatados por el informe del Instituto Armado están «expresamente atribuidas el exempleado Fernando Agustín Merino Vera» que, según ha comunicado la cotizada, fue despedido el 12 de abril de 2021.
Ocupaba el puesto de director de Acciona para Navarra y La Rioja y tenía relación con Koldo desde al menos 2015, según el informe de la UCO. Lo vinculan con una explotación minera de potasa entre Aragón y Navarra de la empresa Geoalcali.
La compañía ha puesto en marcha además una investigación «ante la posible elusión de los controles internos que se haya podido producir». La constructora dice estar dispuesta a esclarecer «esos hechos» y depurar «en su caso, las responsabilidades personales que procedan». La compañía expresa también «su total desconocimiento, sorpresa y preocupación ante los hechos referidos», en la investigación que instruye el Tribunal Supremo. En total, los presuntos pagos irregulares ascenderían a 620.000 euros, mientras que 450.000 euros más seguían «pendientes de abono».
De los primeros, habría dinero de adjudicaciones de la empresa pública Adif, encargada de la infraestructura ferroviaria. Los segundos tendrían que ver con contratos con los que logró hacerse Acciona en Logroño, Sevilla y en la localidad barcelonesa de Sant Feliu de Llobregat. «Si, en el transcurso de las investigaciones de las autoridades o de aquellas que Acciona está realizando internamente, se confirmaran las informaciones publicadas que implican a otras empresas que han participado en UTEs de las que ha formado parte Acciona, la compañía tomará las medidas legales oportunas», añade en un comunicado.
Asimismo, defiende mantener «su compromiso de operar con los más altos estándares de ética, transparencia y cumplimiento normativo que siempre han guiado sus actividades y sus relaciones con las administraciones públicas y sus clientes privados, y rechaza cualquier tipo de práctica irregular en materia de contratación».
