Ahora, tras un año y cuatro meses, decide aumentar los recursos con el objetivo de afrontar nuevos retos o proyectos. En concreto, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), Acciona Recarga SL ha reforzado su patrimonio neto con una ampliación de capital de 2,5 millones de euros, hasta conseguir un capital resultante suscrito de casi 7 millones de euros. Hace unos meses, la compañía alcanzó un acuerdo con la alemana Qwello para poner en marcha una joint venture para el desarrollo de puntos de recarga públicos en España.
Qwello será el proveedor del hadware y software, ambos de desarrollo propio, y Acciona Energía se encargará de suministrar electricidad 100% renovable a los puntos, así como de su operación y mantenimiento. Los puntos de carga serán predominantemente de 11 kilovatios (kW) de potencia. Las ciudades españolas tienen muy pocos puntos de carga accesibles al público general, dificultando la penetración de los vehículos eléctricos en el país.
Según la compañía, tan solo en torno el 2% de los puntos de carga actuales que hay en las ciudades españolas son públicos: esto supone que en Barcelona o Madrid hay poco más de 60 puntos de carga públicos, mientras que en otras ciudades europeas se pueden encontrar incluso 3 o 4 puntos de carga por manzana. Por ejemplo, Berlín cuenta con más de 1.400 y París tiene más de 800. España cerró 2022 con unos 17.000 puntos de recarga públicos, frente a los 45.000 previstos, según cifras de la patronal de fabricantes Anfac. De este modo, está muy lejos del objetivo del Gobierno de alcanzar los 100.000 este año, debido, principalmente, al dilatado proceso de tramitación de licencias y de conexión a la red, que puede alargarse hasta dos años.
Bajo el Real Decreto Ley 29/2021, desde el 1 de enero de este año, todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de 20 plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior adscrito, así como en los estacionamientos existentes no adscritos a edificios con más de 20 plazas, deberán disponer de unas determinadas dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos «Con carácter general, se instalará una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 1.000 plazas, y una estación de recarga más por cada 100 plazas adicionales o fracción. En los edificios que sean titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma, se instalará una estación de recarga por cada 20 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 500 plazas, y una estación de recarga más por cada 100 plazas adicionales o fracción», señala el texto.Por otro lado, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, establece que las estaciones de servicio están obligadas a contar con, al menos, un punto de recarga eléctrica en sus instalaciones o en un radio de 300 metros. Es el número de litros de combustible (gasolina y gasóleo) vendido en 2019 lo que determina la potencia del punto de recarga. En total, hay un millar de gasolineras afectadas. Hay tres excepciones a la obligación con carácter general: instalaciones que ya dispongan de un punto de recarga con las mismas características al que deban instalar; instalaciones que no puedan cumplir las condiciones técnicas o los requisitos de calidad y seguridad industrial que sean de aplicación; e instalaciones en las que sea inviable ejecutar la acometida eléctrica necesaria para el punto de recarga. El objetivo del Gobierno es contar con 100.000 puntos públicos para este año.
Pero Acciona no solo se centra en los puntos, sino que también se ha aliado con Cepsa para llevar a cabo una prueba piloto que permita desarrollar una red de intercambiadores de baterías en estaciones de servicio de la petrolera para los vehículos eléctricos que fabrica su filial Silence. La primera iniciativa del proyecto conjunto ya está en marcha en Barcelona. El plan contempla el desarrollo inicial de diez intercambiadores en otras tantas estaciones de Cepsa, cinco en la capital catalana y otros cinco en Madrid. Silence utiliza en sus motos eléctricas un sistema de baterías extraíbles que permite al usuario dejar la unidad descargada en una estación de intercambio, obtener otra con un 100% de carga y continuar su trayecto, mediante una operación de reemplazo muy rápida, de apenas un minuto de duración
