La empresa pública que administra la infraestructura ferroviaria comunicó que no adjudicará el contrato que licitó en julio de 2021, ya que el proceso se ha visto retrasado por un recurso presentado por una de las empresas que fueron excluidas del concurso y ya no procede seguir adelante con la reclamación. «Continuar con este procedimiento de licitación antes de la finalización de los recursos contencioso administrativos interpuestos contra la resolución de la CNMC conllevaría un sobrecoste y una inseguridad jurídica que podrían ser mitigadas si se procede a la no adjudicación del presente contrato y a la licitación (en caso de concurrir una serie de circunstancias) de un nuevo expediente», ha argumentado Adif.
Se trataba de un contrato dividido en tres lotes para cada uno de los cárteles identificados por la CNMC, con un precio total de 2,1 millones de euros. Los licitadores podrán reclamar una compensación por la cancelación, en cualquier caso limitada al tres por mil del presupuesto base, lo que en este caso supondría unos 7.500 euros por los tres lotes. Pese a que el recurso presentado contra la adjudicación ya ha sido resuelto, ordenando la reintegración del recurrente al procedimiento de licitación, Adif ha decidido no volver a comenzar el proceso, principalmente porque en todo este tiempo de espera los procedimientos judiciales de las empresas multadas por la CNMC han avanzado, y prevé que algunas de estas compañías haga un reconocimiento de los hechos o llegue a algún tipo de acuerdo con Adif para comprometerse a abonar las cantidades a las que sea condenada.
Asimismo, es posible que se dicte alguna resolución que permita tener por acreditados los hechos, lo que simplificaría los procedimientos que pretendían iniciarse con la defensa jurídica de la que ahora ha desistido Adif con ese contrato anulado. «Esto supondría un menor trabajo para el despacho de abogados que lleve la correspondiente reclamación de daños, un menor importe de la licitación, y el ahorro en la contratación de informes periciales», justifica la empresa pública, según recoge Europa Press.
Entre las firmas que formaron esta ilícita asociación figuraban filiales de grandes constructoras como ACS, Sacyr y OHLA, y multinacionales como Siemens y Alstom. También resultaron implicados Elecnor, Inabensa (Abengoa) Cymi, Isolux, lectren, Comsa, Indra, Telice, y Citracc, que fueron multadas con 118 millones de euros en total.
