La medida fue introducida en el real decreto aprobado el pasado mes de diciembre por el Ejecutivo y buscaba una mayor protección a los inquilinos en plena escalada de la inflación en el contexto de la guerra en Ucrania. En concreto, se extendían, a solicitud del arrendatario, aquellos contratos que finalizasen entre la fecha de entrada en vigor del real decreto y el 30 de junio de 2023 con un incremento de la renta que no podía ser superior al 2%.
De hecho, un inquilino cuyo contrato finalizase este viernes tenía la opción de solicitar una prórroga de seis meses hasta el próximo 30 de diciembre. La prórroga tenía que ser aceptada por el arrendador salvo que se hubieran fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes, o en el caso de haber comunicado con la antelación marcada en la ley la necesidad de ocupar la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí, para familiares o su cónyuge.
Como se recuerda, esta es un de las medidas por las que los socios de Sanchez, Podemos y Sumar se enfrentaron entre si, con criticas muy duras de las mujeres moradas. Por ello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, Calviño lamentó, frente a las críticas, que “haya personas que quieran generar incertidumbre o desasosiego, teniendo en cuenta que estos años”, el Gobierno ha “reforzado mucho” el marco sobre alquiler. En este mismo sentido se pronunciaron desde el Ministerio de Transportes, desde donde defendieron que la prórroga automática era una medida “extraordinaria y coyuntural”, que estaba enmarcada “en el contexto de la pandemia y en los momentos en que la inflación alcanzó máximos”, una etapa que “por fortuna” ya ha pasado.
Asimismo, recordaron que la Ley de Vivienda ya recoge la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de un año para inquilinos en situaciones de vulnerabilidad y que tiene que se aceptada obligatoriamente si el propietario es un gran tenedor, es decir, si tiene 10 viviendas o más. “Aprobamos por ley una protección mucho más amplia para las personas en situación de vulnerabilidad cuyos contratos de alquiler finalicen, y además lo hacemos por un periodo mucho más amplio: un año”, señalaron las fuentes procedentes de la cartera dirigida por Raquel Sánchez.
En cambio, el Ejecutivo sí decidió ampliar hasta final de año la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables. La vicepresidenta justificó esta decisión en que, aunque ya esté prevista en la Ley de Vivienda, “es cierto que las comunidades autónomas no han dispuesto de tiempo suficiente” para poner en marcha los mecanismos de mediación y de búsqueda de alternativas habitacionales.
En concreto, la Ley de Vivienda contempla que los procedimientos de desahucios paralizados por el real decreto sólo se reanudarán a partir del 30 de junio si la parte solicitante acredita que se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas. Asimismo, la norma incluye unas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil para establecer nuevas condiciones en los desahucios de personas vulnerables.
