Más concretamente, los efectos de la anemia que está mostrando el consumo interno provocarán que el IVA llegue al 31 de diciembre de 2023, según el citado documento, con un avance inferior al 1% en relación a 2022, de modo que acumule más de 76.000 millones de euros. En paralelo, si se toma la estadística «en términos homogéneos» (descontadas influencias como el efecto calendario), el incremento resultaría aún menor, en torno a una sola décima.
Es un resultado coherente con el comportamiento de un tributo que, en los últimos meses, no solo ha experimentado desaceleraciones en su rendimiento, sino incluso francos descensos, como el 3,8% interanual propio del pasado mayo. Los fiscalistas consultados resaltan que caídas tan pronunciadas no pueden explicarse únicamente por la persistencia de las ayudas antiinflación todavía en vigor.
Los impuestos especiales (alcohol, hidrocarburos, tabaco…) sí mantendrán (en conjunto) el avance con respecto a 2022, del 1,7%, pero su contribución al conjunto de los ingresos tributarios es comparativamente escasa, puesto que no alcanza los 20.000 millones. Dentro del apartado de los impuestos directos también se encienden varias luces rojas en lo que respecta a Sociedades. Es cierto que en este rúbrica aún se espera un avance, del 3,3%, en el cierre del presente ejercicio hasta aglutinar 30.350 millones. Ahora bien, los propios técnicos de la Agencia Tributaria constatan en los últimos meses «un freno en los beneficios de los grupos empresariales». Las estadísticas acumuladas en lo que va de año dan la razón a esos expertos. Mientras las ganancias avanzaron hasta marzo un 20%, ahora lo hacen a tasas mucho más reducidas, apenas superiores al 6%.
En este contexto, el impuesto sobre la renat se convierte en el motor recaudatorio que ni siquiera con el parón ligado a la pandemia perdió ímpetu y que, desde inicios de 2022, cuenta con otro factor que propulsa sus cifras: la elevada inflación. Si el IRPF se encuentra en condiciones de avanzar hasta un 9,6% interanual, y rebasar así los 100.000 millones, se debe en gran parte a la circunstancia de que los tramos estatales de este tributo no han sido actualizados con la evolución de precios. Este tipo de políticas únicamente se han abordado desde a escala autonómica en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como reiteró el Gobierno de la presidenta Díaz Ayuso, una vez terminado el pasado verano. La recaudación crece así al ritmo nominal que marca un IPC que, aun cuando dejó atrás las marcas históricas del inicio de la guerra en Ucrania, todavía se incrementa un 3,2% (según el dato revisado de noviembre) y registrará en el conjunto de 2023 un promedio del 3,5-3,8%.
No hay viso alguno de que el recién formado Gobierno de PSOE y Sumar vaya a acometer deflactación alguna que alivie al gran soporte actual de la recaudación: trabajadores asalariados y autónomos. Pese a ello, es posible que en 2024 el IPRF deje de estar en condiciones de aumentar su aportación a las arcas estatales con ritmos tan elevados como los vistos en 2022 y 2023.
Sin embargo, la desaceleración económica ya en marcha también afectará a los rendimientos del trabajo; es más, la moderación que los precios muestran, capaz de llevar el IPC en Europa por debajo del 2% en 2026 (según el BCE), dejará de actuar en favor de la recaudación.
