Los conceptos y periodos que se están comprobando por parte de la Agencia Tributaria son el Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios 2018 a 2021 y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), para el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2019 y los ejercicios 2020 y 2021 completos.
La última gran inspección abierta al grupo arrancó en el ejercicio 2019, hace ahora justo cuatro años. También fue para varias compañías pertenecientes al grupo fiscal y los conceptos se ampliaban también al IRPF y a No Residentes. Dos años más tarde, en octubre de 2021, se produjo la firma de las actas en conformidad, por la consideración fiscal de las diferencias de cambio generadas por activos denominados en bolívares venezolanos y sin acuerdo por la interpretación como renta exenta de los juros sobre el capital propio. La cantidad se elevó a 387 millones de euros (no hubo salida de caja pues se recurrió a bases imponibles y deducciones). Esta última parte fue recurrida. A finales del pasado año, el Tribunal Económico Administrativo no le dio la razón y por ello arrancó el periplo en los tribunales con un recurso en la Audiencia Nacional que aún está pendiente.
Esta nueva investigación abierta ahora por parte de la Agencia Tributaria se produce justo después de que el organismo público haya perdido dos pleitos históricos que han supuesto devoluciones récord para la operadora. La última, que fue a la postre la más relevante, implicó el pago de vuelta a Telefónica de 790 millones de euros por impuestos ya abonados en forma de cuotas exigidas, junto con 526 millones en concepto de intereses de demora. Las cantidades fueron entregadas a finales de octubre pasado.
Al margen de estas dos devoluciones hay otro movimiento relevante del Impuesto sobre Sociedades del grupo. A cierre del año 2022 se incluía un crédito con Hacienda de 876 millones de euros correspondiente al IS del ejercicio 2021, que se generó principalmente en el segundo pago fraccionado de ese ejercicio. Según queda reflejado en la memoria semestral, la ganancia obtenida por la venta de las torres a American Tower, si bien está exenta al 95% en el impuesto sobre el beneficio, se consideró íntegramente a los efectos del cálculo del pago a cuenta. La devolución de ese dinero se produjo en enero de 2023.
Mientras esta nueva inspección se dilucida -y también el recurso en la Audiencia Nacional de la anterior ejecutada en 2019-, Telefónica también lidia con otros dos frentes fiscales en Perú y Brasil. En la primera está pendiente de que se fije definitivamente la cantidad que deberá pagar a la Hacienda del país después de los fallos emitidos por la Corte Suprema. En un primer momento se estimó el pago en casi 800 millones de euros, de los que la inmensa mayoría (más del 80%) corresponde a intereses «consecuencia de la demora por parte de la autoridad fiscal en la atención de una legítima controversia».
El otro foco es Brasil, un país en el que la litigiosidad es elevada. La compañía mantenía, a cierre del primer semestre de este año, provisiones por contingencias tributarias por importe de casi 500 millones de euros (ligeramente superior a la cifra de diciembre de 2022).
