La patronal, que reúne a más de 33.00 empresas del sector del gran consumo, ha pedido que se activen «las líneas de acción necesarias para incentivar el aumento del tejido empresarial» y ha destacado la posición de las empresas como «principales generadoras de empleo». Desde Aecoc han propuesto, entre otras medidas, la derogación del impuesto al plástico. La asociación de empresarios propone frenar la imposición de este tributo hasta que el resto de estados miembros de la Unión Europea cuenten con uno similar. Respecto al sector del gran consumo, el documento ha recordado que su cadena de valor «ha tenido un papel muy relevante para combatir la inestabilidad e incertidumbre de estos últimos años», garantizando el suministro durante la pandemia y reduciendo sus márgenes «para no castigar más a los consumidores» en la mayor inflación de costes de las últimas décadas.
Para el fomento de la actividad empresarial, Aecoc ha reclamado la necesidad de que el próximo Ejecutivo «vele por un marco normativo y una fiscalidad que no sean un freno a la competitividad de las empresas», ya que insta a un «modelo de competitividad administrativa, normativa y fiscal». Entre las medidas de competitividad administrativa, la patronal del gran consumo ha propuesto «reducir la sobrecarga que generan los trámites administrativos que no aportan valor a la industria, a la distribución ni al consumidor final».
Desde la perspectiva de la competitividad normativa, fabricantes y distribuidores han propuesto que las regulaciones vinculadas a directivas y reglamentos europeos «no incrementen los objetivos o requisitos fijados por la Unión Europea»; una armonización legislativa «que permita a las empresas operar en todo el Estado con unas mínimas reglas comunes y sin duplicidades que generen costes innecesarios»; y «normativas que faciliten la incorporación de herramientas tecnológicas basadas en estándares internacionales».
Respecto a la competitividad fiscal, el documento plantea cuestiones como «minimizar las discrepancias territoriales derivadas de las políticas tributarias», «no penalizar fiscalmente a las empresas con establecimientos físicos» y «basar la implantación de nuevos tributos en estudios y criterios completos». Piden la puesta en marcha del corredor mediterráneo Además de estos planteamientos generales, la patronal ha propuesto medidas concretas para los ámbitos de logística y transporte, sostenibilidad y salud, educación y empleo, administración comercial y hurto comercial.
Así, entre las medidas para la logística y el transporte, solicitan la aprobación de las 44 toneladas de carga para los vehículos de transporte terrestre de mercancías, la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo y la armonización de las Zonas de Bajas Emisiones y de las medidas para la Distribución Urbana de Mercancías.
Respecto a la sostenibilidad y salud, la patronal reclama información al consumidor y campañas de sensibilización para poner en valor la importancia y los beneficios de cuidar la alimentación, así como evitar el uso de la fiscalidad como instrumento para cambiar los hábitos alimenticios o estilos de vida de los consumidores y activar mecanismos de ayuda y asesoramiento a las empresas para cumplir con los requisitos de la futura ley contra el desperdicio alimentario, en caso de que se apruebe.
También reclama que se replanté el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases en línea con los objetivos planteados por la Unión Europea y la derogación del impuesto al plástico y, subsidiariamente, posponer su entrada en vigor hasta que todos los estados de la UE tengan un tributo equivalente.
La patronal de gran consumo insta al nuevo Ejecutivo a eliminar el límite de 400 euros en el hurto multi reincidente y crear normas para prevenir infracciones y delitos contra empresas y consumidores en entornos digitales.
Respecto a la educación y el empleo, Aecoc pide bonificaciones para las empresas con alumnos en Formación Dual y que se regulen las prácticas formativas en la empresa desde el ámbito educativo, laboral y también empresarial. Mientras que, respecto a la administración comercial, solicitan que se modifique el funcionamiento del Registro de Contratos Alimentarios para evitar sobrecargas administrativas a las empresas, el desarrollo del reglamento sobre factura electrónica basado en estándares internacionales y que se implementen soluciones tecnológicas para incrementar la información sobre productos a los consumidores y aumentar la transparencia de la cadena de valor.
