Ese anuncio «ha provocado una inaceptable reacción del Poder Ejecutivo, que siempre debe actuar con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho (como declara el artículo 103.1 de la Constitución Española), a través de declaraciones, misivas y comunicaciones intimidatorias realizadas por miembros del Gobierno tratando de influir en los accionistas de esta sociedad, quienes deben adoptar una decisión soberana en su Junta General de Accionistas, cercenando así la libertad de empresa que, como
derecho constitucional, reconoce el artículo 38 de nuestro Texto Fundamental».
«Casan mal con el principio de cooperación leal exigido a los Estados miembros por el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea las veladas amenazas consistentes en que, de ejercitar aquella libertad fundamental, la compañía puede enfrentarse a
actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con el fin de privarle, al margen de toda otra consideración, del régimen de neutralidad fiscal establecido en el Derecho derivado de la Unión (Directiva 2009/133/CE) e incorporado a nuestro ordenamiento jurídico (artículos 76 y siguientes de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades), poniendo así en entredicho la independencia de criterio y el compromiso de la AEAT de actuar al servicio objetivo de los intereses generales, como así le exige el indicado artículo 103.1 de la Constitución», concluye el comunicado de Aedaf.
