Lo ha hecho en un entorno de elevada incertidumbre por las crecientes tensiones geopolíticas, la persistencia de la inflación y el alza de los tipos de interés, en el que las autonomías en general han tenido que elaborar sus cuentas a ciegas por estar el Gobierno en funciones. Esto es, sin conocer la cifra de las entregas a cuenta que les corresponderán del sistema de financiación ni el techo de gasto.
La Autoridad Fiscal da por buena la estimación del Gobierno de la Generalitat que sitúa el avance del PIB autonómico en el 1,8% el próximo ejercicio, por debajo del 2% que el Gobierno Central espera para el conjunto de la economía española. Con todo, la previsión coincide con el escenario central del organismo fiscalizador y se sitúa en el rango inferior de las que han dado a conocer otras instituciones, si bien algunas no han tenido en cuenta a la hora de elaborarla la última revisión al alza de los datos de la Contabilidad Nacional que ha publicado recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El organismo ha tenido que pronunciarse también sobre las líneas fundamentales de las nuevas cuentas autonómicas. En el caso de Cataluña y con la información de la que disponía en el momento de recibir esa documentación, la AIReF entiende que, bajo las estimaciones de empleos, transferencias finalistas del Estado, ingresos de fondos europeos y del impacto de las medidas normativas adoptadas por la comunidad, el gasto computable en la región podría aumentar un 6% tanto en 2023 como en 2024.
Esos mismos incrementos se reflejarían «en el gasto a considerar para el cálculo de la recomendación específica de país emitida para 2024 por el Consejo Europeo, desagregado para cada administración», apunta la autoridad fiscalizadora. Esta apunta, además, que de cumplirse su previsión de recursos, alcanzar el saldo previsto por la Generalitat en sus líneas fundamentales implicaría un crecimiento de los empleos del 7%, y un aumento del gasto computable del 9%.
La AIReF ya advirtió a las autonomías de que ciñéndose tanto al equilibrio presupuestario como a la nueva meta de déficit que el Estado les ha impuesto para darles algo más de oxígeno (-0,1%), acabarían elevando su gasto primario neto en el entorno del 10%, muy por encima del 2,6% que la Comisión Europea ha fijado para España. De momento y a falta de conocer los detalles de los Presupuestos, el Govern de la Generalitat ha aprobado el nuevo techo de gasto no financiero que implica elevar un 9,6% sus desembolsos a lo largo del próximo ejercicio hasta los 36.684 millones de euros. Este año, el trámite legal que lleva a la AIReF a emitir estos informes ha coincidido en el tiempo con las negociaciones entre el PSOE y ERC y con las de los socialistas con Junts per Catalunya de cara a la investidura de Sánchez. Unas conversaciones que están teniendo en lo económico uno de los ejes centrales junto con la ley de amnistía. El pacto para condonar una parte de la deuda que la región tiene contraída con el Estado vía mecanismos extraordinarios de financiación se hará extensible al resto de autonomías de régimen común bajo los mismos criterios.
Esta concesión ha abierto el debate sobre la posibilidad de que el acuerdo que el socio mayoritario del Gobierno trata de sellar con el partido de Puigdemont pueda dar el pistoletazo de salida a una nueva reforma de la financiación autonómica. A lo largo de las últimas décadas, muchas de las reformas en el ámbito tributario que se han incorporado finalmente al modelo de reparto regional han tenido su origen en las demandas y pactos con los partidos catalanes, como la aprobación del tramo autonómico del IRPF, la cesión del IVA o el traspaso de la gestión de los puertos de interés general, entre otras medidas.
Se da la circunstancia de que el acuerdo con Esquerra permitirá, además, a Cataluña tener una posición privilegiada a la hora de pactar la nueva financiación. Los socios se han comprometido a crear una comisión bilateral en la que estén representados el Gobierno central y el de la Generalitat para, entre otras cosas, tratar de lograr una financiación adecuada que «garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos de Catalunya», lo que en la práctica le permitiría fijar los umbrales mínimos de gasto público que después podrían extenderse al resto de autonomías.
