En este documento España fijará la senda para reducir su deuda pública los próximos cuatro años y para poder cumplir así con el nuevo marco europeo.
El próximo 20 de septiembre España y el resto de estados miembro que actualmente incumplen las metas de déficit o deuda deberán enviar a Bruselas su plan fiscal estructural a medio plazo. Lo harán después de que la Comisión Europea presente su paquete económico de primavera el 19 de junio, un documento en el que el que remitirá a los países la trayectoria fiscal de referencia que deben emplear como guía para diseñar sus sendas nacionales.
En una jornada sobre fiscalidad Herrero, presidenta del organismo ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería presentar los ejes de esta ‘hoja de ruta’ fiscal en el Congreso para «rendir cuentas, contarlo y debatirlo». A lo largo de su intervención, Herrero ha recordado que el plan «nos va a comprometer los próximos cuatro años» y aunque los futuros gobiernos puedan modificar la combinación entre ingresos y gastos, habría que tener claro «hacia dónde vamos».
El endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas despidió el año pasado en el 107,7% del PIB, una ratio inferior a la de los años anteriores, pero que sigue estando muy por encima de la meta europea del 60%. La Comisión Europea decidió suspender esta exigencia durante cuatro años para que los gobiernos pudieran hacer frente a las consecuencias de la pandemia de Covid y de las crisis posteriores (energética e inflacionaria, guerra en Ucrania…)
A finales del primer trimestre de este año, la deuda pública tocó un nuevo máximo histórico en términos de volumen al superar los 1,613 billones de euros a cierre de marzo, según el Banco de España. En su último ‘Informe Anual’ la entidad ha calculado que el coste presupuestario de este escudo anticrisis, responsable en buena medida de que la escalada de la deuda, se situará en una horquilla entre los 48.300 y los 57.100 millones de euros de 2021 a 2025.
Precisamente, en el marco de las mismas jornadas, el director general adjunto de Economía e Investigación de la entidad, Thomas, ha advertido de que el desequilibrio de las cuentas públicas nacionales sigue siendo «muy elevado», tanto en términos históricos como en comparación con la media de la Eurozona. Así, ha alertado de que «el saldo estructural de la economía española se habría deteriorado en los últimos años». Un alza que a su juicio responde a que frente al incremento de los gastos estructurales tras la pandemia no ha habido una compensación por el lado de los ingresos estructurales.
Por su parte, el director del Foro de Fiscalidad de EsadeEcPol y miembro de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, de la Torre, ha reclamado una reforma tributaria integral que no cambie según las circunstancias y que haga frente al desafío que va a suponer de cara a los próximos años el envejecimiento de la población en términos de gasto. Se trataría de «garantizar recursos suficientes» para el sistema, aunque la tarea sea complicada desde el punto de vista político, tal y como ha reconocido.
