En consecuencia, el Estado dejaría de recaudar hasta 82 millones de euros en concepto de IRPF por los despidos, según plasma el informe «Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario», elaborado por la Fundación IDIS y Accenture. Cabe mencionar que la aportación media anual por contribuyen es de 6.300 euros anual. Además, la mutualidad está compuesta por 2,4 millones de funcionarios.
Según consta en el documento – que recoge las secuelas de la desaparición de la mutualidad de los funcionarios – también afectaría a las empresas de tecnología sanitaria (que dotan de dispositivos y maquinaria a los centros). Hoy en día, cuentan con una red de 30.500 trabajadores y perderían 795 empleos. Además, las compañías de gases industriales podrían despedir 22 empleos.
En España más del 55% de los hospitales y el 30% de las camas son privadas. La desaparición de Muface dejaría inhabilitadas 2.140 de las últimas mencionadas y un total de 21 centros podrían cerrar. La Fundación IDIS explica que «en aquellos casos en los que existe más de un centro hospitalario privado en la provincia se ha asumido que uno de ellos desaparecería». Afectaría a todas las autonomías, excepto a Galicia, La Rioja y Islas Baleares.
En los últimos años, el mercado hospitalario no benéfico ha tenido una tendencia alcista. De hecho, en 2023 registró una facturación de alrededor de 13.020 millones. En concreto, el 55,4% provino de convenios con las aseguradoras – en particular 6.895 millones-, mientras que los clientes privados representaban el 9,8%.
El mutualismo español está compuesto por 2,4 millones de funcionarios, de los que 1,6 millones eligen ser atendidos en la sanidad privada, la mayoría de Muface. SegurCaixa es la aseguradora que da cobertura a un mayor número de personas -más de medio millón-, seguido de Asisa y DKV. «Una disminución de asegurados afectaría a la estructura de acuerdos actuales con proveedores asistenciales privados y en algún caso la viabilidad propia en determinadas comunidades de estos últimos», apunta la fundación.
Otra consecuencia de la extinción del mutualismo sería el aumento de la presión asistencial. Y es que, la sanidad pública tendría que dar cobijo a estos funcionarios. Por ejemplo, si estos acudiesen tres veces al año a consulta, supondría incrementar en más de cinco millones las visitas a la atención primaria, traduciéndose en un aumento del 2% a nivel nacional. También la ratio de urgencias se incrementaría por la falta de accesibilidad y demora a las especialidades médicas que existe con el modelo actual.
Las listas de espera serían una de las partes más afectadas. Respecto a las consultas externas, experimentarían crecimiento del 266%, concretamente pasaría de 85,4 días a 227,6 días. Hoy en día, las especialidades con más personas esperando son neurología y dermatología. En cuanto a la espera para una intervención quirúrgica se incrementaría un 115%, pasando de 17,1 a 19,6 días.
También sería necesario añadir 3.975 camas para hacer frente a esta presión asistencial, 3,8% más de su capacidad actual a nivel nacional. Las provincias más afectadas serían A Coruña, que necesitaría 113 camas más; Zaragoza (111), Sevilla (211), Cádiz (190) o Madrid (679), entre otras.
Por otra parte, el Estado debería invertir en nuevos profesionales e infraestructuras. Y es que, cada mutualista tiene un gasto de cerca de 723 euros. Por tanto, el cambio del modelo supondría añadir 1.214 millones de euros a las cuentas del Gobierno. «En la actualidad, España dedica un 6,4% del PIB en gasto sanitario público, lo que supondría un aumento del 1,3% del gasto público sanitario», plasma el informe.
El actual convenio del mutualismo finaliza el 31 de diciembre y el Gobierno está inmerso en la preparación del siguiente. Este debe contener varios cambios, sobre todo económicos, si quieren que siga adelante. Una de las últimas novedades sobre el proceso es que el Gobierno prepara una oferta presupuestaria que supondría una gran subida frente a la cuantía actual (3.571 millones de euros).
DKV, Asisa y SegurCaixa ya hicieron unos cálculos del presupuesto que necesita el sistema. Solicitaron a Muface una rebaja del 20% sobre el gasto sanitario per cápita, lo que acarrearía una prima de unos 1.350 euros, un 50% más de lo que ahora mismo se destina.
Otro detalle que también ha aparecido durante las negociaciones es la reducción del contrato de tres a dos años. Este hecho sería una negativa para las empresas en términos de rédito económico, ya que el recorrido del incremento de las primas sería menor.
