Dice haber pagado “comisiones ilícitas” al exministro Ábalos y a su exasesor Koldo García a cambio de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. Aldama reconoce así todos los delitos que se le imputan y asume que jugó un papel central en la trama creada para cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones públicas a la empresa Soluciones de Gestión. La confesión está contenida en el escrito de defensa que su abogado ya ha remitido al Tribunal Supremo, que se prepara para fijar la fecha del juicio por la pieza principal en la que se le investiga junto a Ábalos y Koldo García.
En el escrito de 26 páginas, al que tuvo acceso Servimedia, pide que la Fiscalía Anticorrupción le rebaje la petición de pena de siete años aplicando el atenuante de confesión. Según su relato, el empresario era el conseguidor de una trama en la que también estaban el exministro y su asesor para obtener beneficios económicos ilícitos mediante el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. El abogado Choclán pide en su escrito que se aplique a Aldama la atenuante de confesión y dice: «Su colaboración se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados».
Su defensa sostiene que la colaboración del empresario ha sido «proactiva» y «temprana», y destaca que no se ha limitado a declaraciones, sino que ha estado respaldada por la entrega de «evidencias documentales», lo que ha permitido establecer la participación de otros acusados en los hechos.
Aldama propone además una lista de 30 testigos para el juicio. Entre ellos, el exjefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, Carlos Moreno, al que dijo haber pagado 25.000 euros, y de sus socios en la trama de hidrocarburos, entre los que se incluyen la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor, que declararon haber hecho entrega de 90.000 euros en metálico en la sede socialista de Ferraz. También solicita que declare el hijo de Ábalos, Víctor. Igualmente propone la declaración de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; del actual presidente de Correos, Pedro Saura; del exdirector de Carreteras Javier Herrero; de la exnovia de Ábalos Jésica Rodríguez; y de Claudia Montes, a la que el exministro colocó en la empresa pública Tragsatec, entre otros.
También figuran en esa lista Ignacio Zaldivar García, exalto cargo de Adif: Ana Araceli Arigita, responsable de reclutamiento en Ineco; el expresidente de Renfe Isaías Táboas, el exjefe de gabinete de Reyes Maroto Juan Ignacio Díaz Bidart, y el exresponsable de Globalia Javier Hidalgo. Además, Aldama sostiene que “no realizó un desembolso específico” para que Koldo García se hiciera cargo de las rentas por el alquiler de ‘Villa Parra’, localizada en Marbella, de la que disfrutó el exministro. La Fiscalía sostiene que esos pagos se realizaron en compensación por la mediación de Ábalos para el rescate de Air Europa. La defensa de Aldama sostiene que esos pagos provenían de los fondos del “acuerdo global de pagos de comisiones al objeto de que estos le facilitaran la obtención de contratos públicos o la práctica de cuantas gestiones pudiera convenirle realizar bien en el propio MITMA, bien en otros departamentos de la Administración Pública».
El hasta ayer abogado de José Luis Ábalos, Carlos Bautista, también presentó su escrito de defensa justo antes de renunciar a seguir representándole. En él defiende su inocencia y responsabiliza de su situación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y al supuesto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, que decidió colaborar con la Fiscalía para aludir la prisión provisional. El exministro pide además que testifiquen en el juicio los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que en el momento de los hechos presidía el Gobierno balear. Con sus testimonios, Ábalos pretende demostrar que nunca influyó sobre ellos para que contrataran con una empresa en concreto.
El juicio, que previsiblemente se celebrará en primavera, tiene que ver con una supuesta trama para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama. Tanto Marlaska como Armengol y Torres contrataron con la empresa, pero ninguno figura en la causa como imputado.
