En el caso de la R2, autopista también quebrada, no procederá el abono, ya que cuenta con una RPA negativa. Así lo han determinado las decisiones de la delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje, que fueron al último Consejo de Ministros.
La delegación del Gobierno aprobó las resoluciones complementarias para liquidar los contratos y determinar la RPA, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el caso de las autopistas R3 y R5, se ha acordado abonar a la sociedad concesionaria 450.755.058 euros en los dos meses siguienes a la fecha en que se dicte la resolución. A esta cantidad le será sumada el interés correspondiente por el retraso en la determinación de la RPA devengado.
La concesión administrativa incluía la construcción, conservación y explotación de los tramos: M-40 Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey; M-40 Navalcarnero, de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de la M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409. En noviembre de 1999 se formalizó con la sociedad concesionaria Accesos de Madrid el contrato de concesión, hasta que en 2012 fue declarada en concurso de acreedores arrastrada por la caída de los tráficos y la deuda contraída, entre otros conceptos, por el pago de las expropiaciones.
Tras ello, en noviembre de 2017 se abrió la fase de liquidación de Accesos de Madrid y en mayo de 2018 la R3 y la R5, cuya deuda fue pasando a fondos, pasaron a ser gestionadas por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa). En el marco de este procedimiento, el importe a abonar a cuenta obtenido en la primera resolución de 2021 arrojaba una RPA de 119,15 millones.
Sin embargo, y teniendo en cuenta los recursos formulados, los expedientes expropiatorios, las sentencias del Tribunal Supremo y las alegaciones formuladas por diversos interesados, la cantidad se ha incrementado a 450,7 millones, a los que deben sumarse los intereses devengados. Está previsto que la resolución definitiva de determinación de la RPA se dicte en los seis meses siguientes a esta complementaria y con la liquidación definitiva de las situaciones pendientes. En el caso del contrato de concesión de la autopista de peaje R-2 de Madrid a Guadalajara, la resolución considera que no procede el abono a cuenta a la sociedad concesionaria de ninguna cantidad, dado que el importe que resulta del cálculo de la RPA es negativo en más de 48,8 millones. En este caso, se establece que no procede que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realice en los dos meses siguientes a este acuerdo abono alguno y la Administración advierte de que promoverá las acciones legales que procedan, en su caso, para reclamar el importe negativo que se fije en la resolución definitiva de determinación de la RPA.
La sociedad concesionaria Henarsa fue declarada en concurso de acreedores en septiembre de 2017 y en octubre de 2017 se abrió la fase de liquidación de la misma. Como consecuencia de ello, en febrero de 2018 Seittsa asumió la explotación de la R2.
