Este conflicto se deriva del boicot a Israel impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona que dirige Collboni y que se ha materializado, entre otras medidas, en la decisión de dejar de contratar empresas con actividades en los asentamientos israelíes de Cisjordania, Jerusalén y los Altos del Golán. Según el ayuntamiento, entre estas empresas se encuentra Alstom.
Por su parte, la multinacional gala afirma que «ha impugnado los pliegos del concurso al incluir requerimientos que atentan contra los principios establecidos en la ley de contratos del sector público». «Estos pliegos hacen referencia a unos listados de empresas que la propia ONU reconoce no tener capacidad para actualizar en plazo. Además, impiden que las propias empresas puedan aportar aclaraciones o contexto», sostiene el fabricante de material ferroviario, que cuenta con una planta de producción en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). De hecho, Alstom es un proveedor habitual del metro barcelonés, habiendo fabricado los últimos 50 convoyes incorporados a la red.
La corporación se refiere a una relación de sociedades elaborada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El pasado mayo, los grupos municipales de PSC, ERC y comunes se basaron en dicho listado, concretamente en su versión de 2023, para vetar a 97 compañías de cualquier licitación. Entre las empresas mencionadas está Alstom, pero la privada lo achaca a una equivocación.
«Alstom ha señalado al ACNUDH que la información publicada es errónea y hemos solicitado formalmente ser eliminados de la mencionada lista. Alstom no tiene ninguna actividad dentro ni relacionada con los territorios palestinos ocupados. Alstom ha solicitado formalmente ser eliminado de la base de datos de la ONU desde diciembre de 2023, reiterando dicha solicitud en octubre de 2024 y, más recientemente, en julio de 2025, con el objetivo de que se corrija en la próxima actualización de la lista», explica la multinacional a este medio.
«Alstom es una organización global firmemente comprometida con los principios de derechos humanos y la responsabilidad social corporativa. Mantenemos rigurosos estándares éticos en todas nuestras operaciones y en todas las regiones donde tenemos presencia», defiende la compañía.
Por otro lado, fuentes de TMB, la empresa pública del metro y el bus en Barcelona y su área metropolitana, indican que el recurso de Alstom aún no se recibido formalmente por el comité de contratación, que no se ha reunido todavía para levantar acta del mismo. La presidenta de TMB es la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet.
