El supuesto análisis preliminar afirma que la ley de amnistía había excluido «expresamente» los casos denominados y englobados en el ‘lawfare’. Esta supuesta guerra judicial, no obstante, sí está incluida en la normativa al señalar que serán beneficiados con la amnistía «los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos».
«Asimismo, se entenderán comprendidos aquellos actos, vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña o a sus líderes en el marco de ese proceso, y realizados por quienes, de forma manifiesta y constatada, hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas a las que se refiere el primer párrafo de esta letra, o hubieran recabado información a estos efectos», destaca la normativa.
Todos estos casos están bajo investigación judicial, pero en la supuesta evaluación preliminar, la Comisión Europea, no ve «contradicciones con los principios y normas comunitarios». De esta forma, el falso análisis mostraba a una Bruselas equidistante, como lavándose las manos, porque ninguna de las partidas de los fondos europeos ha ido destinada a sufragar los gastos de los independentistas para poder realizar sus acciones contra el Estado de Derecho.
