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  DESTACADO PORTADA  ANTICORRUPCION: Sánchez comparte estrategia con sus socios
DESTACADO PORTADAPolitica y partidos

ANTICORRUPCION: Sánchez comparte estrategia con sus socios

La portavoz del Gobierno Alegría, confirmó este martes que el jefe del Ejecutivo, incluirá "una gran mayoría" de propuestas de su socio de Sumar y del resto de grupos con los que se reunió en el paquete de medidas contra la corrupción que anunciará este miércoles durante su comparecencia en el Congreso.

RedaccionRedaccion—8 de julio de 20250
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Así lo afirmó Alegría en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en Moncloa, en la que recalcó que «con nuestro socio de Gobierno hablamos todos los días», así ven factible que si no todas, «casi todas las medidas» que solicitó Sumar en la reunión que mantuvo con Sánchez serán tenidas en cuenta.
Alegría reiteró que «la comunicación es constante, en cada cada día, en cada momento y sobre los distintos temas» y recordó que la primera reunión que mantuvo Sánchez fue con Sumar. «Ellos nos trasladaron la necesidad y la importancia de seguir aprobando medidas sobre esta materia», remarcó la ministra.
Por otro lado, Alegría también explicó que el resto de grupos parlamentarios con los que se reunió el presidente, con todos excepto con Vox, le solicitaron «la necesidad de seguir adoptando medidas contundentes para seguir luchando contra la corrupción y en esa línea y en esa dirección vamos a continuar en la comparecencia de mañana».

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley orgánica que modifica la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para establecer la obligatoriedad de celebrar al menos un debate electoral en los medios de comunicación públicos durante las campañas. El ministro del Interior, Grande-Marlaska, explicó, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, que esta reforma busca «el fortalecimiento de nuestra democracia» y se alinea con las recomendaciones adoptadas por la Comisión Europea en 2020 y 2023.
La nueva normativa exige que los medios de titularidad pública organicen como mínimo un debate durante la campaña electoral, una medida que ya existe en comunidades autónomas como Castilla y León, Murcia, País Vasco y está prevista en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Los candidatos de las formaciones políticas con representación parlamentaria estarán obligados a asistir a estos debates en medios públicos, salvo causa justificada que deberá ser valorada por la Junta Electoral competente. Esta disposición refleja el contenido esencial aprobado hoy en el Consejo de Ministros.
La reforma incluye por primera vez en la Loreg la participación de los denominados «grupos políticos significativos», aquellas formaciones que, pese a no tener representación previa, han obtenido al menos el 5% de votos válidos en recientes procesos electorales.

Los medios de comunicación públicos deberán notificar a las formaciones políticas la celebración de los debates con una antelación mínima de cinco días, garantizando así la adecuada preparación de los participantes. La nueva normativa mantiene la libertad de los medios privados para organizar debates, siempre que respeten los principios de pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad en su desarrollo. La modificación de la Loreg también introduce cambios fundamentales en la publicación de encuestas electorales, obligando a hacer públicos los microdatos debidamente anonimizados de los sondeos.

Esta medida permitirá a ciudadanos y entidades verificar los resultados de las encuestas y realizar sus propios análisis, reforzando la transparencia del proceso electoral y la confianza en los estudios demoscópicos. El ministro destacó que estas modificaciones se enmarcan en el Plan de Acción por la Democracia, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2024, que busca implementar las recomendaciones europeas sobre transparencia. Los cambios introducidos en la Loreg mantienen las actuales exigencias sobre la publicación de fichas técnicas en las encuestas, que deben especificar la entidad responsable, metodología y características del estudio realizado.
La reforma, que ahora iniciará su tramitación en las Cortes Generales, pretende «beneficiar la transparencia y la objetividad» del proceso electoral, según subrayó Marlaska al término de su intervención.

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