De hecho, sostiene que se valió de sus cargos públicos y en el PSOE para cometer presuntamente los «graves delitos» de corrupción que se le atribuyen y que su actuación no se habría ceñido exclusivamente a la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, sino que «parece que continuó manteniendo cierto control de las adjudicaciones» tras su cese.
En su escrito, el fiscal jefe Anticorrupción, Luzón, desgrana todos los indicios que salpican al que fuera «número tres» del PSOE para rechazar su petición de quedar en libertad. Al respecto explica que, de no mantenerle la medida de prisión provisional acordada hace ahora 14 días, podría «ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento».
Luzón argumenta que comparte «plenamente» los argumentos del magistrado Leopoldo Puente que decidió imponerle una medida cautelar más gravosa que a Koldo García o a José Luis Ábalos. El motivo, según dice, es que Cerdán tiene unas posibilidades de destruir fuentes de prueba de las que carecen los otros imputados.
«Todavía más relevante es el específico papel que en el ámbito de la organización criminal investigada habría desarrollado Santos Cerdán como persona que valiéndose del imprescindible concurso de Ábalos y de Koldo García (…) habría llegado a dirigir un eficaz y duradero sistema de corrupción a gran escala en la adjudicación de las obras públicas de la Dirección General de Carreteras y de Adif», explica el fiscal.
Además, otorga validez a los audios incautados a Koldo García en los que los principales imputados departen sobre el presunto reparto de comisiones por obra amañada. Sobre ello dice que Santos Cerdán tenía información de la que carecía el resto, ya que sabía quien efectuaba los pagos, cuáles eran las cantidades de las mordidas y quienes eran todos los beneficiarios. La Fiscalía comparte el criterio del juez acerca de que las mordidas obtenidas por tales obras debieron superar el millón de euros que barajan los investigadores.
«Qué personas físicas o jurídicas, además del propio Cerdán, pudieran ser destinatarios del botín obtenido, es algo que conoce, sin duda, el propio Santos», explica el fiscal jefe de Anticorrupción. Por todo ello, sostiene que tiene un «conocimiento privilegiado» de los hechos que investiga el Tribunal Supremo y que el hecho de permanecer en libertad podría implicar la desaparición o alteración de dichas fuentes de prueba. Además, le reprocha las «insatisfactorias» explicaciones que dio en sede judicial y descarta manipulación alguna de los audios. Al contrario, el Ministerio Público considera que tienen un «extraordinario potencial incriminatorio» y que las conversaciones son «singularmente explícitas». En concreto dice que el papel de Cerdán como responsable de repartir las dádivas por el presunto amaño de obras públicas aparece «claramente reflejado» en las conversaciones puesto que de las mismas se desprende que Koldo García le reclamó las cantidades que le correspondían a él y a su exjefe Ábalos.
«La suma de conversaciones y su univocidad incriminatoria torna quimérica la tarea de interpretar los pasajes ignotos de manera que aporten a las conversaciones un significado diferente al que les atribuye la UCO y, en definitiva, cualquier oyente», advierte la Fiscalía, dejando claro que aunque haya audios que no tengan buena calidad, su valor probatorio sigue siendo clave.
En lo que respecta a Servinabar, la mercantil de su socio Antxon Alonso, la Fiscalía asegura que existe una clara vinculación del político con la firma. Pese a lo defendido por Cerdán, que asegura que el documento que firmó por la compra del 45% de la empresa no tiene validez jurídica, el fiscal jefe Anticorrupción determina que no se puede rebajar a un mero borrador de escritura. «En puridad no lo es (…). El contrato despliega plenos efectos entre las partes y, una vez más, pone de relieve la especial vinculación de Santos Cerdán con Servinabar», indica. De hecho, sostiene que esta operativa es común cuando se pretende ocultar la titularidad real de una mercantil.
Finalmente, concluye que otro «poderoso indicio» contra el exdirigente socialista lo constituye el hecho del «llamativo interés» que tenía por según qué obras del Ministerio de Transportes. «Por más que manifestara que su interés era meramente político (…) no puede desconocerse que estas obras identificadas por la UCO han sido todas adjudicadas mediante una privilegiada valoración subjetiva a la misma empresa constructora que, presuntamente, habría pagado las correspondientes mordidas a José Luis Ábalos y Koldo García por conducto de Santos Cerdán», añade.
Sobre ello precisa Luzón que el interés de Cerdán en las obras del Ministerio no se agotó con la salida de Ábalos en julio de 2021, sino que «parece que continuó manteniendo cierto control de las adjudicaciones» ya bajo la dirección de Raquel Sánchez.
