En su comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, Fernández indicó que ya se ha iniciado la tramitación de ese expediente informativo sobre el incidente, para lo que ya se han cursado requerimientos de datos y de información a las partes. A este respecto, afirmó que si de la investigación se deducen infracciones graves o muy graves, el ‘superregulador’ incoará los expedientes sancionadores correspondientes que, según el régimen sancionador, podrían llegar hasta unas sanciones de 60 millones de euros.
Además, también aseguró que la CNMC cuenta con la posibilidad de adoptar acciones como la inhabilitación o la pérdida de autorización administrativa, así como medidas como la obligación de restituir o indemnizar perjuicios generales al sistema.
Asimismo, Fernández apuntó que el regulador elaborará un informe con las conclusiones, recomendaciones, resultados y propuestas que considere oportunas, una vez que se examinen los hechos que llevaron al apagón eléctrico en la Península Ibérica.«Este documento que pensamos emitir podrá no limitarse al ámbito eléctrico. El incidente afectó gravemente a telecomunicaciones, transporte ferroviario y otros servicios esenciales, que también son de nuestra competencia y por ello abordaremos la cuestión tomando en consideración también en lo que resulte procedente esta perspectiva multisectorial», añadió al respecto.
Fernández recalcó que la CNMC abordará esta investigación sobre la investigación a pesar de coincidir con la definición del próximo marco retributivo para el sector eléctrico y gasista -para el periodo 2026 a 2031-.«Este es un hito que afrontamos cada seis años, como pueden imaginar, de una enorme intensidad. Pese a la sobrecarga imprevista que supone el análisis de la investigación de este incidente y al hecho de que tenemos recursos humanos limitados, nuestro compromiso es cumplir ambos calendarios», aseguró.
