La operación reforzada de Red Eléctrica y las medidas que acaba de proponer a la CNMC pueden catapultar los costes de las restricciones técnicas hasta cifras astronómicas en los próximos meses, lo que golpeará los bolsillos de los ciudadanos y la competitividad de las empresas.
Las razones para esta crisis son diversas: la lentitud administrativa, la falta de capacidad crítica de las instituciones, una polarización política indeseable y un sector adormilado incapaz de reaccionar frente a esta parálisis.
El sistema eléctrico, que enfermó por la falta de demanda y los problemas de control de tensión, ha vuelto a sufrir -si es que alguna vez dejó de hacerlo- un nuevo episodio de crisis, aunque esta vez se logró evitar el apagón.
Conscientes de esta situación, Red Eléctrica envió una carta el 7 de octubre en la que solicitaba a la CNMC la introducción de modificaciones urgentes en varios procedimientos de operación eléctricos. Apenas un día después, con la máxima celeridad, el regulador lanza una consulta pública urgente para poner en marcha esta batería de medidas de emergencia que deberían permitir sortear los problemas que atraviesa el operador para garantizar el suministro.
Según la CNMC, Red Eléctrica pone de manifiesto en su escrito la observancia en las últimas dos semanas de variaciones bruscas de tensión tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos. Red Eléctrica, posteriormente, corrige su posición para no perder enteros en la batalla por las culpas del apagón y asegura que «no ha existido riesgo de suministro en los últimos días, sino que se han observado algunas situaciones bruscas de tensión en el sistema siempre dentro de los márgenes establecidos».
En opinión del operador del sistema, el objetivo de estos cambios es reducir las dinámicas que han empezado a aparecer por la aparición de variaciones de tensión rápidas. Con la instalación masiva de renovables, el sistema requiere hoy como prioridad reducir la inyección de energía reactiva en las horas valle. Por eso, la energía reactiva se compara a cuando pedimos una cerveza, pagamos por todo el vaso que equivaldría a la potencia aparente, pero la parte que más queremos (la cerveza), es la potencia activa. Y la espuma, lo que menos queremos, es la potencia reactiva.
Para resolverlo, Red Eléctrica ha propuesto en la práctica tener a su disposición las plantas térmicas, aunque no hayan resultado casadas en el mercado, lo que reducirá la producción renovable y mermará los ingresos de las mismas al tiempo que incrementará los de las plantas con potencia síncrona. Habrá que ver si la propuesta resulta suficiente, pero en el sector ya se asegura que está toda la regulación patas arriba y la inseguridad jurídica aumenta a cada golpe de nuevas medidas.
La lista de cosas que hacer que tiene sobre su mesa la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, pasa desde las subastas para nueva cogeneración, las subastas de la eólica marina o las de nudos de acceso a la demanda. Por contra, el Gobierno ha avanzado en algunos de los dosieres que tenía más retrasados como el de la pobreza energética. Este resulta especialmente grave porque mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, miente al asegurar que el recibo de la luz ha bajado un 50%, los datos de la Comisión Europea, así como de la Agencia Ambiental -presentados por Ribera- muestran el suspenso de nuestro país en esta materia.
Este miércoles termina el plazo para presentar alegaciones a la propuesta de modificación temporal de varios procedimientos de operación del sistema eléctrico sugerida por Red Eléctrica después de que, en las últimas dos semanas, detectara «variaciones bruscas» de tensión, la cual se mantuvo, eso sí, «dentro de los márgenes establecidos». Distintas fuentes del sector llaman a la ciudadanía a la calma y ven esta petición no como una advertencia de riesgo inminente de apagón, sino como un ejercicio de prevención por parte del operador del sistema que no prevén que genere un sobrecoste notable en la factura del consumidor de a pie.
La urgencia con la que Red Eléctrica ha instado a la CNMC a aprobar tales medidas ha llevado al organismo a reducir el trámite de audiencia pública a cinco días hábiles, hasta el 15 de octubre. A partir de ese día, la CNMC valorará las alegaciones y, cuando finalice el análisis, adoptará la resolución, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Fuentes del organismo aclaran que no existe un plazo máximo legal para aprobar el texto definitivo; no obstante, el sector está convencido de que saldrá adelante de forma casi inmediata.
