Una comparecencia en la que González Amador estaba citado en calidad de investigado y que se convocaba en paralelo a las imputaciones dictadas sobre el fiscal encargado de la misma, y su jefa de la Fiscalía Provincial, al hilo de la querella que presentó contra ambos por, supuestamente, divulgar datos secretos.
La jueza ha suspendido hasta el próximo 24 de junio la declaración prevista hoy a las 10.00 horas, a los 10 minutos de su comienzo, ante la imposibilidad de localizar a otros investigados que también tienen la obligación de presentarse para cumplir con el trámite procesal con la magistrada, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las acusaciones populares personadas: PSOE, Mas Madrid y una miembro del sindicato CCOO.
La Fiscalía señala a González Amador por, presuntamente, defraudar 350.951,41 euros en el impuesto de sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Sin embargo, para determinar los pormenores de lo ocurrido, el juzgado ha solicitado la declaración de otras personas, como el empresario mexicano Maximiliano Niederer, quien podrían haber diseñado el entramado para la presunta falsificación de algunas facturas para que las empresas de la pareja de Díaz Ayuso pagasen supuestamente, menos impuestos. En el caso de que los citados no pudieran ser localizados, la juez podría reservarse la posibilidad de dictar una orden de busca y captura.
Cabe recordar, que en un auto dictado el 6 de mayo, la magistrada Iglesias, rechazó la solicitud de medidas de refuerzo instadas por el abogado de la pareja de Díaz Ayuso para proteger sus derechos fundamentales de defensa y evitar nuevas filtraciones de información confidencial. No en vano, el contenido de los e-mails intercambiados entre el respresentante del Ministerio Público, Salto, y el abogado de González Amador –en el marco de la negociación propia de un pacto de conformidad que no llegó a cuajar– vio la luz en varios medios de comunicación y en una posterior nota de prensa divulgada por la propia Fiscalía Provincial de Madrid.
Unos hechos por los que el Tribunal Superior de la comunidad autonómica (TSJM) ya ha abierto diligencias preliminares contra su responsable, la fiscal Isabel Rodríguez y el instructor Salto, por un presunto delito de revelación de secretos en el que los «indicios» apuntan a la figura del máximo responsable del escalafón, Álvaro García Ortiz.
