La idea de la administración oriental pasa por agilizar la gestión de su gran ruta ferroviaria y dar más peso a la operativa. Para ello, ha propuesto extinguir el contrato actual y reclamado que Renfe pase a ser el cliente e interlocutor único, de modo que el resto de participantes pasarían a ser subcontratistas de la operadora pública española.
El Consorcio Español Alta Velocidad Meca-Medina (CEAVMM) es una sociedad instrumentral creada para construir, operar y mantener la línea ferroviaria y el material móvil que une las ciudades santas de Medina y La Meca, está formado por 12 empresas españolas: tres públicas como Renfe, Adif e Ineco; y otras 9 privadas con nombres como Talgo, Siemens España, OHL, Copasa, Cobra, Indra, Imathia, Inabensa y Consultrans. A estas todas ellas hay que sumar dos locales, Al Shoula y Al Rosan.
Desde el Ministerio de Transportes español confirman que las negociaciones siguen en marcha con el objetivo de lograr que el consorcio tenga una «configuración más adaptada al momento actual del proyecto» y, al mismo tiempo, esté más orientado al cliente. Desde Renfe no han querido hacer declaraciones, pero un informe de la IGAE publicado junto a sus cuentas anuales asegura que «el cliente (SRO) ha solicitado una reorganización del consorcio adjudicatario del proyecto, lo que viene a significar una cancelación anticipada del contrato actual».
Sin embargo, otro de los integrantes del consorcio, Ineco, reconoce que «desde finales de 2023 se está negociando la posible terminación del contrato principal y la subsiguiente contratación de los servicios de operación y mantenimiento a una nueva sociedad operadora participada por un número muy reducido de los actuales socios y miembros del Consorcio».
Esto abre la puerta a la salida de algunos de ellos, especialmente a aquellos menos implicados en la fase de explotación. Pese a ello, la ingeniería pública española asegura en su informe que «la intención de todas las partes es que los actuales miembros y socios del consorcio puedan seguir llevando a cabo las tareas que actualmente realizan bajo el contrato principal, no como socios de la sociedad operadora sino como subcontratistas, para lo cual deberán llegar a acuerdos particulares con el futuro operador».
El contrato activo entre los gobiernos saudí y español, firmado en 2012 a cambio de 6.736 millones de euros, tiene una duración inicial de 7 años desde el inicio de la fase de explotación comercial, que arrancó el 31 de marzo de 2021. Esto lo extendía inicialmente hasta 2028, con posibilidad de prórroga por otros cinco años, hasta 2033. Pero en octubre de 2023, Arabia Saudí reclamó alterar la composición del consorcio «buscando la simplificación de la toma de decisiones en su seno», según la IGAE, y propuso que Renfe tomara las riendas del proyecto.
