El convenio sienta los cauces para que la práctica bancaria se adecúe al nuevo tratamiento legal a la discapacidad marcado por la legislación (Ley 8/21), que potencia que las personas con discapacidad puedan tomar sus decisiones de forma autónoma, y pretende colaborar en el impulso progresivo de las adaptaciones necesarias para que puedan operar por sí mismos en el ámbito bancario, incluyendo, entre otras, la información en lenguaje accesible. El acuerdo también prevé la constitución de un grupo de trabajo estable, en cuyo seno se estudie la función que deben desempeñar las nuevas figuras de apoyo reconocidas por la ley de discapacidad y se analicen también las cuestiones prácticas que se deriven de su aplicación, conjugándolas con la seguridad jurídica que requiere la actividad bancaria. La citada norma eliminó las incapacitaciones y con ellas a los tutores legales, desjudicializando la vida de las personas con discapacidad y estableciendo un sistema de provisión de apoyos, en el que adquiere especial relevancia el guardador de hecho.
Esta figura constituye un tipo de apoyo informal, sin aval judicial, que viene a ser ejercido habitualmente por la familia y cuyo papel en la operativa bancaria ha sido ya canalizado en un documento consensuado, que verá la luz de forma inmediata. El protocolo firmado contempla un funcionamiento dinámico del grupo de trabajo que abordará los problemas que la adecuación a la ley vaya desvelando en el día a día de la operativa bancaria, de manera que no solo se propongan soluciones, sino que estas se apliquen de manera ágil y eficiente en beneficio del colectivo, la defensa de cuyos derechos es uno de los cometidos de la Fiscalía. El acto de firma ha tenido lugar en la sede del Banco de España.
