La última propuesta que ofreció la cartera que lidera Saiz congela la cuota de tramos reducidos y, según datos solicitados al propio Ministerio, los trabajadores que cotizan por los segmentos más bajos representan al 40% –concretamente hay 1,38 millones de autónomos– del total de trabajadores por cuenta propia.
Aunque todavía el Gobierno no ha terminado la negociación con el diálogo social –del que forman parte UPTA, UATAE y ATA–, la nueva propuesta se ajusta a las reclamaciones que hacían los representantes de los autónomos, dejando a los que menos ingresan las cuotas congeladas e incrementando el resto de tramos de acuerdo a los datos del IPC. A pesar de ello, el ministerio tendrá que comprometerse a realizar mejoras sociales para contar con el aval de las organizaciones y este «si» le facilite el paso de las nuevas cuotas por el Congreso de los Diputados.
El poder que tienen estas organizaciones se debe al grado de representatividad dentro del colectivo de trabajadores autónomos. Concretamente, ATA es la asociación con un mayor grado de representatividad –según la distribución de las subvenciones concedidas a las organizaciones de autónomos que otorga el ministerio de Trabajo– con un 58,6%. Por su parte, Uatae se encuentra en segunda posición con un porcentaje del 25,3% y Upta, la que tiene un menor grado, con un 16,1%.
Con la última propuesta, la tabla reducida se quedaría congelada y no registraría ningún aumento con respecto a los tramos que se aprobaron para 2025. Con respecto a la tabla general, los primeros autónomos que sufrirían los incrementos serían aquellos cuyos ingresos se encuentran entre los 1.166,70 y los 1.300 euros, para los que la cuota pasaría de los 291 euros a los 293,91. Por su parte, el último tramo–ingresos de más de 6.000 euros– registraría el mayor incremento, que sería de 14,75 con respecto al año anterior, pasando de los 590 euros mensuales a 604,75 euros al mes. Cabe destacar que en los últimos tres tramos hay unos 570.00 autónomos (más del 15% del total), por lo que los afectados por la mayor subida de cuotas es un número más reducido.
Entre las principales alegaciones que realiza ATA en un decálogo para el próximo año se encuentra una mejora del sistema de cese de actividad, ya que aseguran que «dista mucho de ser una protección real y efectiva comparable a la prestación por desempleo». Y es que, los autónomos se enfrentan a un gran problema ya que el 60% de peticiones para poner fin a su actividad económica se deniegan por falta de cumplir con los requisitos. Además, también exigen la creación de un subsidio para autónomos mayores de 52 que queden en paro, el permiso de lactancia que sí que está disponible para las trabajadoras asalariadas tras la baja de maternidad y la activación de un permiso para autónomos por efectos climatológicos o por fallecimiento de un familiar. Además, desde ATA se denuncia que a los trabajadores por cuenta propia se les sigue cobrando la cuota de autónomos en caso de enfermedad grabe diagnosticada los primeros 60 días y sólo le cubren el 75% de la misma a los padres al cuidado de menores y familiares con enfermedades graves.
Con respecto al cese de actividad, desde Upta presentan su propia sugerencia, ya que señalan que desde su creación en 2018, las tasas de acceso a la prestación han sido muy bajas a pesar de que en 2022 se introdujeron mejoras. Y es que, la asociación que lidera Eduardo Abad destaca problemas como requisitos legales demasiado estrictos y dificultad de acreditar la existencia de la situación legal de cese de actividad. En este sentido, las propuestas para la mejora de la prestación por cese de actividad de Upta incluyen una mejora global que sitúe en el centro la protección y el mantenimiento de la actividad económica del trabajador autónomo. También incluyen una ampliación de la cobertura real, para que el cese de actividad no sea una prestación de muy difícil acceso, sino una red de seguridad efectiva; favorecer el reconocimiento rápido y homogéneo de la prestación, evitando diferencias de criterio entre las mutuas; y reducir los plazos de resolución. Además, la asociación recomienda introducir adaptaciones por sectores (agricultura, trabajos del mar) en los que la temporalidad y la variabilidad de ingresos exigen un diseño más flexible.
Para hacer más accesible la prestación para mayores de 52 años, Upta señala que, para que sea accesible para todos aquellos autónomos que habiendo cesado involuntariamente en su actividad económica, hayan agotado la prestación por cese de actividad, deben cumplirse los requisitos de: tener 52 años cumplidos o más en el momento de la solicitud, haber cotizado al menos 15 años, cumplir las condiciones de límite de ingresos brutos mensuales establecidos para el resto de los trabajadores, estar en situación legal de cese de actividad, haber agotado la prestación por cese de actividad, estar inscritos como demandantes de empleo desde el momento en que se produjo la situación legal de cese de actividad; y haber cotizado por cese de actividad durante al menos 6 años al largo de la vida laboral. Por último, con respecto a la propuestas para la mejora de la prestación por cuidado y nacimiento de menor, Upta establece que la base reguladora de la prestación por nacimiento y cuidado del menor sea equivalente a la que esté establecida para la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Así, se evitarían las distorsiones que produce el proceso de regularización al considerar como definitivas las bases de cotización tenidas en cuenta para el cálculo de la prestación y las existentes durante el periodo en que se cobra la prestación.
La última organización en presentar su propuesta para mejorar el reta ha sido Uatae, hace exactamente una semana. La asociación que preside Landanburu presentó mejoras en el cese de actividad, alegando que los requisitos actuales «exigen al autónomo estar en la ruina más absoluta para ser beneficiario». Por ello, Uatae reclama al Gobierno que los requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad sean los mismos por los que una empresa puede hacer despidos objetivos. Con respecto al subsidio para mayores de 52 años que hayan puesto fin a su actividad, Uatae denuncia la «ausencia de justificación objetiva y razonable de la exclusión del trabajo autónomo», y reivindica «que deben hacerse extensibles a las personas trabajadoras autónomas, pues solo así se conseguirá una protección justa, unitaria e igualitaria entre todas las personas trabajadoras autónomas».
Con estas recomendaciones, y atendiendo a la última propuesta, el ministerio de Seguridad Social debe convencer, casi en tiempo récord, a las organizaciones para que apoyen la propuesta y su paso por el Congreso de los Diputados no suponga una nueva derrota parlamentaria.
