El Consejo de Gobierno ha dado la instrucción a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para recurrir el Real Decreto ley 2/2025 con estos cambios que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo, ha informado el consejero García Martín.
En concreto, el consejero ha afirmado que no van a seguir tolerando desde la Comunidad este reparto «discrecional» acordado con Junts «con el único propósito de conseguir esos siete votos que necesita Pedro Sánchez para quedarse en La Moncloa, dejando prácticamente al margen este reparto de menores extranjeros no acompañados». «No les interesa la atención de estos menores, lo que les interesa a Pedro Sánchez y a su Gobierno es garantizarse esos siete votos. Lo primero que tiene que hacer es poner fin al caos migratorio que vive nuestro país, controlar las fronteras, llegar a acuerdos con los países de origen y ponerse de acuerdo con nuestros socios de la Unión Europea».
La Comunidad de Madrid ha atendido desde 2019 a 10.618 menores de edad extranjeros no acompañados y, en lo que va de año, a un total de 937.
Según el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, ese Real Decreto ley «infringe varios preceptos» de la Carta Magna de 1978 y es «inconstitucional al invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional», ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores. Además, considera que se vulneran «sus derechos fundamentales, desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia».
Paralelamente, asegura que el texto validado por el Gobierno central es «contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones» ya que la aplicación de los criterios de reparto «carece de justificación y se han realizado sin contar con las comunidades autónomas». «Vulnera también el principio constitucional de autonomía financiera de las regiones, ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados», añade.
