Con independencia de los recursos presentados en los últimos días ante la Audiencia Nacional por las patronales bancarias AEB y CECA y por Kutxabank, así como por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), las empresas tendrán que hacer frente al pago inicial de los nuevos tributos extraordinarios.
El viernes, la Audiencia Nacional descartó la petición de Repsol de suspender cautelarmente la orden del pasado 2 de febrero que implanta los modelos de declaración de ingreso y pago alegando que de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos.
Además, tras este primer abono a cuenta, cuyo plazo concluye este lunes y al que seguirá otro en septiembre, las entidades podrán recurrir el pago de forma individual si lo consideran oportuno. Tanto las energéticas como los bancos han criticado estos nuevos impuestos que gravan los ingresos y no los beneficios. Las principales compañías de ambos sectores han lamentado también discriminación y que España haya optado por una fórmula única entre sus vecinos. Las entidades financieras han advertido asimismo de que este nuevo gravamen afectará a sus niveles de capital y ello reducirá su capacidad de financiar a la economía real -familias y empresas-.
Respecto a las energéticas, el impuesto afectará a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.
La prestación patrimonial -coloquialmente llamada impuesto- gravará durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.
De acuerdo con las primeras estimaciones, el Gobierno esperaba ingresar unos 2.000 millones de euros anuales con este gravamen. Sin embargo, esta cifra se vería rebajada por las exenciones introducidas en la tramitación parlamentaria. Hasta la fecha, tan solo dos compañías han desvelado sus estimaciones: Repsol, que cifra en unos 450 millones la cuantía que tendrá que pagar, y Naturgy, que calcula que serán unos 300 millones.
En los próximos días, cuando publiquen sus cuentas Iberdrola y Endesa, se sabrá el coste que tiene el nuevo tributo para estas eléctricas.
Los importes abonados -en septiembre, con un pago a cuenta en febrero- no podrán deducirse en el impuesto de sociedades ni repercutirse al cliente, algo que vigilará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que estará sujeto a sanción.
Las entidades financieras cuyos intereses y comisiones superaran los 800 millones en 2019, lo que incluye principalmente a la gran banca española -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco- y alguna otra entidad, tendrán que pagar un tipo del 4,8% de la suma de ingresos netos por intereses y comisiones. El Gobierno espera ingresar por esta vía 1.500 millones anuales, o sea, 3.000 millones en los dos años. Los seis grandes bancos pagarán más de 1.100 millones este año por el nuevo impuesto, de los que unos 400 millones corresponden a CaixaBank. A continuación están el Banco Santander y el BBVA con una cuantía muy similar, unos 225 millones.
En el caso del Sabadell, el gravamen extraordinario hará que el banco pague unos 170 millones este año, por encima de la horquilla de entre 80 y 100 millones que estima Bankinter.
Unicaja Banco no ha afinado las cifras, pero teniendo en cuenta los datos presentados, el pago no superaría los 85 millones. Es más, atendiendo únicamente al negocio bancario ese dato podría ser inferior.
