La decisión llega después de intensas movilizaciones vecinales y de activistas, convirtiendo este caso en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en la ciudad.
No obstante, parta algunos expertos si bien esta medida representa un alivio para los inquilinos afectados, también puede generar un precedente problemático. «Si los inquilinos ven que colocando pancartas y haciendo ruido logran que el Ayuntamiento compre las viviendas, esto puede provocar numerosos conflictos en el futuro», ha advertido el experto inmobiliario, ex presidente de AEPSI (
Respecto a la fórmula de compra social corporativa, el experto apoya la compra de viviendas por parte del Ayuntamiento con el fin de destinarlas a vivienda social, especialmente considerando que ampliar el parque inmobiliario mediante nuevas construcciones es un proceso largo y complejo. «Es mucho más rápido comprar inmuebles ya construidos, rehabilitarlos y destinarlos a vivienda social», señala Unsain. Sin embargo, este tipo de proceso debería realizarse de manera ordenada y planificada, sin que el conflicto y la presión vecinal se conviertan en un factor determinante para la adquisición de inmuebles por parte de la administración.
En este sentido, subraya la importancia de que el Ayuntamiento actúe como un promotor o una empresa privada que adquiera viviendas y las ponga en alquiler a precios asequibles, pero evitando transmitir el mensaje de que la presión mediática o las protestas pueden forzar la compra de un edificio. «No es correcto que el mercado reciba el mensaje de que si se generan protestas, el Ayuntamiento intervendrá y comprará las viviendas. Esto podría desencadenar una repetición sistemática de estos episodios».
