El objetivo es incluir en su composición, dentro del grupo de empresarios, «a las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma». De esta forma, la vicepresidenta Díaz, abre las puertas del CES a organizaciones como Pimec o Pimeb, para competir con la patronal CEOE-Cepyme y ha sido introducido por la puerta de atrás dentro
del Real Decreto-ley que reforma el subsidio por desempleo, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El CES está compuesto por 61 miembros, incluido su presidente. De ellos, 20 representan a las organizaciones sindicales (grupo primero), 20 a las organizaciones empresariales (grupo segundo), y 20 a otros sectores: tres al sector agrario, tres al sector marítimo-pesquero, cuatro a consumidores y usuarios, y cuatro a la economía social. Los seis miembros restantes son expertos en las materias competencia del Consejo.
Actualmente, el grupo primero incluye a CCOO, UGT, ELA y CIG, mientras que el grupo segundo está representado por CEOE y Cepyme. Pero ahora conllevará la entrada de Pimec y Pimeb, integradas en Conpymes,
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha introducido en el decreto del subsidio una modificación de la Ley que regula el CES para que, en el plazo de tres meses a contar desde este miércoles, el organismo adapte su reglamento interno y el grupo segundo pueda incorporar también a las organizaciones empresariales autonómicas más representativas.
Además, una vez que el CES modifique su reglamento, el Gobierno tendrá tres meses para nombrar, mediante Real Decreto, a los miembros del CES «a partir de las propuestas de las organizaciones que acrediten el derecho a formar parte del mismo».
El Ejecutivo dispone en el decreto del subsidio que los representantes del grupo segundo del CES serán designados por las organizaciones empresariales «que tengan la condición de más representativas» y, en todo caso, «estarán representadas las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma».
La modificación del reglamento del CES no formó parte del acuerdo que firmaron los sindicatos con el Ministerio de Trabajo para la reforma del subsidio por desempleo, según afirmó ayer CCOO en un comunicado.
De hecho, la organización dirigida por Sordo criticó ayer que se haya incluido esta medida en el Real Decreto-ley de reforma del desempleo por «no ser el vehículo adecuado» y «máxime cuando el Ministerio de Trabajo ni tan siquiera ha abierto previamente un proceso de consulta y diálogo con los agentes sociales y la propia institución».
Con todo, Díaz continúa con su intento de restar papel a la patronal dejando entrar a sus competidores, rechazados también por los sindicatos mayoritarios, para tener a una patronal de su lado en las negociaciones. En la patronal, preocupa que el Gobierno interfiera tanto en el diálogo social y pueda revisar también la representatividad para incluir a Conpymes en la mesa nacional con el resto de agentes sociales.
El epicentro de este cambio se encuentra en la aparición de la patronal Conpymes, constituida en 2021 como una alternativa a Cepyme. Estos últimos sostienen que la patronal liderada por Gerardo Cuerva actúa como una extensión de la CEOE, defendiendo los intereses de los grandes empresarios en lugar de los pequeños. La modificación que está impulsando la vicepresidenta segunda beneficiaría principalmente a Conpymes.
Conpymes también incluye a Uatae, una de las tres principales asociaciones de autónomos, junto con ATA (vinculada a la CEOE) y Upta (asociada a UGT).
La cuestión principal parece ser la proximidad de Conpymes con el Ejecutivo. La presencia de Díaz en la presentación de Conpymes hace dos años, junto con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, provocó un profundo malestar en CEOE durante la negociación de la reforma laboral.
En otro orden de cosas tanto patronal como sindicatos han criticado con dureza los modos y formas de Diaz con la que las negociaciones no tiene valor alguno ya que tras llevar meses negociando con el Ministerio de Trabajo la letra pequeña de la reforma del subsidio por desempleo, han conocido que se había incluido la prelación de los convenios autonómicos en el real decreto-ley con el anuncio del PNV. El Gobierno se escudó en que es uno de los puntos recogidos en el acuerdo firmado entre el PSOE y el partido nacionalista para no llevarlo a la mesa, algo que no ha convencido ni a la patronal ni a los sindicatos, que han cargado contra el Ejecutivo por «injerir» en las funciones que les asigna la Constitución y continuar en su «deriva intervencionista» en el ámbito laboral.
El texto publicado este miércoles en el BOE ‘cuela’ una modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores por el que se altera el orden de los convenios autonómicos para que se aplique el que más favorezca al trabajador. Los agentes sociales consideran inadmisible que se altere lo pautado en la reforma laboral -en la que se evitó que primase el acuerdo desarrollado dentro de la empresa- y que se haga sin negociación. Al ser preguntada al respecto este martes, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, le restaba importancia, ya que los convenios autonómicos habían ocupado este lugar hasta la década de los noventa y ahora se garantizaba que el empleado saliera beneficiado.
No obstante, no es algo que CEOE, Cepyme, CCOO y UGT pasen por alto, según han dejado claro en los comunicados que cada organización ha publicado en los dos últimos días. Los empresarios, que no prestaron su firma al texto del subsidio a pesar de hacer aportaciones a la negociación hasta el último momento, denuncian que se ha «modificado, de forma unilateral y para cumplir con pactos políticos, el espacio de negociación exclusivo y autónomo del que se han dotado tradicionalmente empresas y trabajadores», sin la consulta obligada por el artículo 7 de la Constitución.
«No es la primera vez que alertamos de que el Ministerio de Trabajo está deliberadamente vulnerando los acuerdos alcanzados en el marco de la última reforma laboral, en cuyas negociaciones ya pactamos no abordar la cuestión de la prevalencia de los convenios al entender todas las partes que era dañino para los intereses generales y anacrónico en el contexto actual» reprocha la patronal, que considera este paso especialmente grave porque con dicho acuerdo se cumplió un hito del Plan de Recuperación.
Tampoco convence a las centrales sindicales. «Desde CCOO hemos venido reclamando la apertura del diálogo social para abordar la articulación de la negociación colectiva entre empresa, sectores y territorios y la prevalencia de los convenios que es manifiestamente mejorable, pero el Ministerio de Trabajo ha apostado por la regulación sin contar con los agentes sociales» le recriminaba este martes el sindicato encabezado por Unai Sordo. Los negociadores entienden que se ha roto «la normalidad del desarrollo del diálogo social» al incluir también una reforma del despido en caso de incapacidad permanente que solo se ha acordado con CERMI.
«No está hablado ni mucho menos negociado con nosotros» respondía UGT a las preguntas de los periodistas. «El respeto a los interlocutores sociales recogido en el artículo 7 de la Constitución española exigía que, sin afectar a la capacidad legislativa que nuestro texto fundamental reserva al Congreso de los Diputados y a los partidos políticos, una modificación del Estatuto de los Trabajadores que afecta a la estructura convencional colectiva fuera tratado, debatido y abordado con carácter previo en la mesa tripartita de diálogo social».