En una carta remitida al supervisor europeo, los tres eurodiputados catalanes solicitaban información respecto a la participación que posee el Estado español en CaixaBank a través del FROB y sobre las medidas que adoptaría el propio BCE para evitar que la salida del capital se extienda de nuevo.
En concreto, el expresidente de la Generalitat y los dos exconsejeros huidos de la Justicia formularon dos preguntas. La primera de ellas buscaba recabar la opinión del BCE respecto al hecho de que con la recompra de acciones por 1.800 millones de euros que acometió CaixaBank el año pasado, la participación del FROB iba a aumentar desde el 16,1% a cerca del 17%.
En la respuesta, el organismo rechaza proporcionar información aludiendo al secreto profesional. “Cualquier obligación de información del BCE con respecto al Parlamento Europeo está sujeta a los requisitos de secreto profesional pertinentes descritos en la Directiva de requisitos de capital y, por lo tanto, no puedo comentar sobre instituciones de crédito individuales”.
En la segunda de las cuestiones, Puigdemont, Posantí y Comín preguntaron al supervisor acerca de sus planes para evitar una nueva extensión del plazo máximo para que el FROB venda su participación en CaixaBank. Cabe recordar que cuando el Estado pasó a ser el principal inversor de Bankia en 2013 se fijó un plazo máximo para salir del accionariado. Sin embargo, debido a las caídas en la cotización y ante las pérdidas milmillonarias que supondría la venta de su participación, ese límite se ha ido prorrogando con el objetivo de que un repunte en Bolsa permita minimizar las pérdidas.
En ese sentido, el supervisor bancario europeo responde que solo el Estado puede decidir el momento en el que vender su participación en la entidad. “BCE evalúa todos estos asuntos únicamente en función de las normas regulatorias pertinentes para las participaciones cualificadas. Además, tengan en cuenta que el compromiso de privatizar Bankia y, posteriormente, de desinvertir en CaixaBank tras su fusión con Bankia, fue asumido unilateralmente por el Gobierno español”.
