El país transalpino accederá a un total de 191.500 millones de euros entre subvenciones y créditos blandos y España a unos 140.000 millones de euros (cerca de la mitad, 69.500 millones, en forma de transferencias directas). Sin embargo, la llegada de estos ansiados desembolsos se está topando de bruces con problemas en la gestión y esto sucede en los dos países mediterráneos, pero también en otros, según advierte el Banco de España .
Ante ese tapón burocrático y los cuellos de botella que se están registrando en las inversiones, la entidad recomienda que se supervise la capacidad de digerir esos recursos tanto este ejercicio como los siguientes. Sobre todo, por la enorme repercusión que se prevé vayan a tener en sus respectivas economías. «Dados los elevados importes de inversión previstos para 2023-2026, especialmente en Italia y España, sería fundamental supervisar la capacidad de absorción en 2023 y años posteriores, teniendo en cuenta también el importante impacto previsto en las perspectivas macroeconómicas de estos países».
El regulador deja claro en su artículo que la mayoría de los pagos aprobados hasta la fecha están asociados a la introducción de reformas vinculadas a cambios legislativos, que por lo general son más fáciles de poner en marcha que las inversiones. «Un claro ejemplo es España, con cerca del 60% de las reformas implementadas, mientras que las inversiones completadas no llegan al 10%», apunta. Además, hace hincapié en que el plazo para cumplir los objetivos que se han ido comprometiendo con la Comisión Europea y para recibir, con ello, los últimos fondos termina en 2026.
De hecho, España y el resto de beneficiarios podrán hacer la última petición a lo largo del primer semestre de ese año, momento en el que tendría que haber cumplido todas las reformas e inversiones que incluye el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A la entidad le inquieta que el patrón de revisión a la baja que muestra la absorción de fondos apunta a «riesgos significativos» de que los objetivos de inversión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) «no se cumplan plenamente» en la fecha fijada para ello.
De momento, el miércoles concluía el plazo ‘extra’ que Bruselas se había dado para validar la adenda al Plan de Recuperación, con la que España pretende desbloquear los 10.000 millones del cuarto desembolso de los NGEU y optar, además, a los 84.000 millones en préstamos que también le corresponden y a 2.600 millones más del mecanismo REpowerEU. Desde Bruselas, la propia Calviño confirmaba que las autoridades comunitarias y el Ejecutivo español en funciones esperan cerrar los «flecos pendientes de forma inminente».
