Su informe, de carácter no vinculante, aboga por crear también la figura de un segundo subgobernador, escalonar los nombramientos de los consejeros en diferentes años y limitar los pronunciamientos del organismo sobre políticas públicas, entre otras sugerencias. El Consejo de Gobierno de la institución ha realizado una primera evaluación del documento en las reuniones mantenidas los pasados días 14 y 29 de julio, pero ahora toca un trabajo en profundidad de sus equipos técnico y jurídicos para analizar bien el documento en sí y en el contexto de las prácticas de organismos comparables, con la intención de adoptar una decisión sobre qué propuestas concretas eleva al Gobierno para su introducción en la normativa.
El grupo de trabajo lo puso en marcha Escrivá al poco de desembarcar en la institución y lo conforman los economistas Rosa Lastra, Joaquín Vial y Daniel Innerarity. Su misión era aportar ideas, analizando la mejores prácticas internacionales, para blindar al organismo de eventuales injerencias políticos.
La propuesta de elevar de seis a ocho años el mandato del gobernador alinearía el Banco de España con las prácticas de sus homólogos del área OCDE, donde son usuales mandatos de ocho o más años -en el Bundesbank alcanzan los 16 con renovaciones, que aquí ni existen hoy ni las defiende el grupo de expertos-. Los ocho años no renovables son los que tiene, de hecho, el Banco Central Europeo (BCE).
El grupo de expertos aboga por reforzar de raíz el proceso de selección de las altas autoridades del Banco, aconsejando que los nombramientos del gobernador, subgobernador y consejeros no natos comparezcan en el Congreso para que evalúe su designación -hoy lo hace el Ministro de Economía para el gobernador- y que, como mínimo, tengan que obtener una no objeción del Parlamento.
La comparecencia del gobernador suprimiría la anomalía de la institución y se alinearía con lo que ocurre, en la práctica, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Airef, en cuando a sus asistencias a las Cortes. En refuerzo de la independencia aconseja que los consejeros no natos tengan voz, pero no voto como actualmente, para asegurar una mayor separación del Gobierno.
Estos cargos corresponden al titular de la Secretaría General del Tesoro (hoy Paula Conthe) y de la vicepresidencia de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), cargo actualmente en manos de Paloma Marín. En su caso abogan por mantener en seis años el mandato. Estas tres medidas contarían a priori, con una recepción positiva de la institución para incorporarlas a la propuesta específica que traslade al Ejecutivo a futuro.
El informe incluye otras sugerencias para limitar la «excesiva concentración de poder en el gobernador» y avanzar hacia una gobernanza más colegiada donde el subgobernador esté más volcado en las funciones de supervisión y sea el que participe en el Consejo de Supervisión Europeo, y se cree una segunda figura de subgobernador para subrogarse en las funciones del gobernador en su ausencia o por delegación.
Los expertos recomiendan que los representantes del Consejo de Gobierno «tengan dedicación plena y exclusiva», y se programe la renovación de sus miembros de manera escalonada con una cadencia anual para evitar problemas de gestión si, como ha ocurrido en el pasado, se producen varias vacantes al tiempo y tarda en acordarse su sustitución.
El grupo de trabajo entra de lleno en las funciones del organismo y entre sus propuestas respalda la tesis de Escrivá de definir y limitar la función de asesoramiento al Gobierno. El informe propugna que la institución limite sus recomendaciones en materia de políticas públicas a las que competen a su mandato, como podría ser la política monetaria o de sostenibilidad de la deuda, sin menoscabo de que expertos del Banco de España y a título individual pueden publicar investigaciones que entren en esas materias y emitir sus recomendaciones.
El Banco, como institución, podría a su juicio recoger parte de sus trabajos en publicaciones emitidas a título institucional como el Informe Anual, si bien con un enfoque más de análisis macroeconómico o financiero y no como un ejercicio prescriptivo de reformas o medidas dirigido al Ejecutivo sobre cómo corregir desequilibrios.
El documento avisa sobre la falta de concreción en la actual normativa sobre al alcance de la función de asesoramiento al Gobierno, a diferencia de otros bancos centrales. Para definirla recomienda un proceso de reflexión sobre su alcance y no solo a nivel interno, sino que además involucre a «otros poderes del Estado».
