En su Informe de Estabilidad Financiera de Primavera de 2024, el organismo ha alertado de que las nuevas reglas fiscales europeas exigen a los países más endeudados una senda de gasto que asegure que la relación entre la deuda pública y el PIB se sitúe en una trayectoria descendente de forma plausible hacia el valor de referencia del 60%, bajo la condición de que el déficit público se mantenga por debajo del 3% del PIB a medio plazo. En el caso de España, el nivel de endeudamiento público es muy alto, superior al de la mayoría de los países de la Unión Europea. Así, a finales del año 2023, la ratio de deuda pública sobre PIB en España, del 107,7% del PIB, se situó más de 30 puntos porcentuales por encima de la media simple de la UE.
Según el Banco de España, en la actualidad se perciben elementos tanto de medio como de largo plazo, que constituyen fuentes de vulnerabilidad para la dinámica futura de la deuda pública. Uno de los elementos centrales de esta dinámica es el diferencial entre el coste de financiación de los gobiernos y el crecimiento económico de un país. Si bien el diferencial entre el tipo de interés implícito sobre el saldo total de deuda y el crecimiento nominal de la actividad económica habría registrado una mejora desde 2019 hasta la actualidad, situándose en 2023 en niveles negativos (de en torno a -6,2 puntos en el caso de España y -5,8 puntos en el caso de la UE), las perspectivas para los próximos años señalan que esta tendencia revertiría de manera significativa.
Así, y según las previsiones más recientes del Banco de España y la Comisión Europea, este diferencial podría corregirse en casi 5 puntos porcentuales en España en los próximos dos años y en más de 3 puntos en el caso de la UEM, aunque se mantendría en valores negativos.
Desde una perspectiva a más largo plazo, el paulatino envejecimiento de la población se traduce en presiones al gasto público, como, por ejemplo, los relacionados con las pensiones o la sanidad. En el caso de España, se estima que el gasto en pensiones sobre el PIB podría aumentar en más de 2 puntos porcentuales durante las próximas dos décadas (y en casi 1 puntos en la UEM), en ausencia de reformas significativas.A esta tendencia demográfica cabría añadir otros desafíos de largo plazo como el aumento del gasto en defensa y las necesidades de inversión pública para la transición climática.
Con todo, el Banco de España estima que la implementación de un plan de consolidación presupuestaria caracterizado por un esfuerzo de 0,5% del PIB, hasta lograr un equilibrio en el saldo estructural, mostraría una dinámica sustancialmente diferente. En este escenario, la ratio de deuda pública sobre PIB mostraría una senda decreciente y sostenida que llegaría, en términos medios, a niveles cercanos al 75% del PIB en el año 2040.
