El consumo de las administraciones públicas se incrementó un 3,8% en el conjunto del año en términos reales, cuando organismos como el Banco de España estimaban que no crecería más allá del 2,2%. Ese ritmo de aumento ha llevado al organismo a lanzar la voz de alarma ante la recuperación de las reglas fiscales a nivel europeo. Según el BdE, si el consumo público sigue aumentando a ese nivel el déficit se estancará en el entorno del 4%, muy por encima del 3% comprometido con Bruselas para este año. La entidad recuerda que ese incremento del 3,8% es una tasa muy superior a la observada en 2022 e incluso a la que se registró durante el período de mayor incidencia de la pandemia. El consumo público o gasto en consumo final de las Administraciones Públicas es el que se realiza en aquellos bienes y servicios que estas ofrecen de manera gratuita o a precios que apenas son significativos.
Incluye, por tanto, el gasto en servicios sanitarios (ambulatorios, hospitalarios, servicios de salud pública…), en servicios educativos, en los de protección social (como la ayuda a domicilio) o en servicios de administración general. El consumo público incorpora también el gasto en la producción de estadísticas oficiales, en alumbrado público, recogida de basuras… pero también el que el desembolso en medicamentos o servicios de protección civil, orden público, seguridad y defensa.
A diferencia del gasto público, esta partida no tiene en cuenta la inversión ni el pago de las pensiones o de las prestaciones. Tampoco el desembolso en intereses de la deuda, en las amortizaciones o en los salarios de los funcionarios y empleados públicos. Queda también fuera de esta partida el gasto en subvenciones y transferencias corrientes, como las becas. Según explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el consumo público constituye un importante componente de la economía, que en España ha representado desde el 16,6% del PIB en el año 2001 (mínimo de la serie homogénea), al 20,5% en los años 2009, 2010 y 2011, cuando la actividad cayó con fuerza en plena crisis financiera internacional y España se sumió en una recesión.
El año pasado el consumo público se habría situado en términos de PIB en un nivel muy próximo al máximo histórico que alcanzó en 2009. Dado que parece poco probable que la evolución reciente de esta partida responda a factores transitorios (como gastos relacionados con los fondos europeos u otras medidas de carácter temporal) su comportamiento ejerce una presión adicional sobre las cuentas públicas. Esto reafirmaría la necesidad de «acometer un proceso riguroso de consolidación fiscal en nuestro país», apunta la entidad en la última edición de su Informe Trimestral de la Economía Española.
Esta advertencia llega cuando el Gobierno se encuentra en plena fase de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para este año. Si el ministerio de Hacienda consigue cumplir su hoja de ruta podría aprobar las cuentas a lo largo del primer semestre. Todo dependerá de la negociación con los socios, si bien esta quedó algo más despejada tras el acuerdo con Junts y ERC para sacar adelante la ley de amnistía.
Serán unos presupuestos en los que el límite de gasto no financiero o ‘techo de gasto’ ascienda a 189.215 millones de euros sin contar los fondos europeos y a 199.120 millones incorporando los Next Generation, lo que supone un 0,5% más respecto al ejercicio anterior y una cifra récord, aunque «prudente» y «realista», en opinión de la vicepresidenta primera, Montero. Las cuentas públicas acumulan un retraso de varios meses -debieran haber entrado en vigor el 1 de enero- a raíz de la convocatoria anticipada de las elecciones generales y el posterior retraso en la formación de gobierno.
