Este análisis, elaborado por Alonso, Gutiérrez, Moral-Benito, Posada, y Tello-Casas, y publicado por el Banco de España, destaca el despliegue en varios países europeos de redes de puntos de acceso al efectivo compartidas por diferentes bancos, aunque en España su implantación es «menor».
Respecto a las iniciativas de colaboración público-privada, tanto en España como en el resto de los países europeos, resaltan los acuerdos entre los bancos y las empresas de correos, que cuentan con una gran capilaridad en su red de oficinas.
En el caso de España, los acuerdos de bancos con Correos, que tiene una red de 4.665 puntos de atención al ciudadano (2.386 oficinas y 2.279 puntos de atención rural), permite ofrecer servicios bancarios presenciales a más de 600.000 personas en cerca de 600 municipios sin sucursal.
Desde el ámbito público, las actuaciones más utilizadas se refieren a ayudas para instalar cajeros automáticos en zonas rurales, como sucede en la Comunidad Valenciana, Cantabria y Galicia, y en las Diputaciones de Córdoba, Almería y Guadalajara. En algunas localidades, los ayuntamientos, diputaciones y otros organismos públicos han puesto sus edificios a disposición de los proveedores de servicios bancarios para que éstos instalaran cajeros.
La regulación de los niveles mínimos de provisión de puntos de acceso al efectivo mediante la acción legislativa solo está vigente en el caso de Suecia, donde su uso es tan minoritario que su potencial desaparición supone una amenaza sobre la viabilidad de la infraestructura destinada a ello. El 11,2% de la población rural carece de sucursal 3.389 municipios de España no disponían de ningún tipo de acceso presencial a los servicios bancarios. En estos municipios residen 705.733 personas, que representan un 1,5% de la población total en España y un 11,2% de la que vive en zonas rurales.
En España, una iniciativa especialmente relevante ha sido la figura de los agentes financieros, personas físicas o jurídicas a las que una entidad de crédito otorga poderes para actuar habitualmente frente a la clientela, en nombre y por cuenta de dicha entidad, en la negociación o formalización de operaciones típicas de su actividad. Al cierre de 2021, había registrados 371 agentes financieros en 302 municipios sin acceso local a una oficina bancaria, prestando servicios a más de 315.000 habitantes.
Otra de las principales medidas desplegadas ha sido la implantación de las oficinas móviles (ofibuses), que ofrecen un servicio prácticamente equivalente al de una oficina convencional, aunque, en general, con un horario más reducido. Al cierre de 2021, prestaban servicio a cerca de 200.000 personas residentes en 389 municipios sin oficina bancaria.
Varias entidades han acordado con los comercios el uso de las terminales de los puntos de venta (TPV) no solo para pagar, sino también para disponer de efectivo al realizar la compra (operativa conocida como cashback) o incluso para disponer de efectivo sin necesidad de realizar ninguna compra (el denominado cash-in-shop). Incluso alguna entidad financiera ha puesto en marcha el denominado cash-less, una operativa mediante la cual la entidad instala un TPV gratuito en los comercios y entrega a los clientes una pulsera asociada al móvil que les permite pagar en éstos.
Esta forma de acceso al efectivo sigue siendo minoritaria en España. Tan solo un 9% de la población conoce el cashback o el cash-in-shop, y aproximadamente un 4% los habría utilizado ocasionalmente, de acuerdo con el Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo de 2022, realizado por el Banco de España. También figuran las redes de cajeros independientes, de implantación principal en zonas turísticas de España y que cuentan con casi 6.000 unidades. Estas redes de cajeros independientes han firmado acuerdos con algunas entidades financieras para facilitar la retirada de efectivo con comisiones reducidas (o incluso sin comisiones) en sus cajeros.
Vulnerabilidad digital
En cualquier caso, la vulnerabilidad ante el riesgo de exclusión financiera depende no solo del lugar de residencia, sino también de las capacidades digitales de la población y de su grado de adopción de la banca online y de los pagos electrónicos. En este sentido, la población de mayor edad presenta una vulnerabilidad más acusada, dadas sus menores capacidades digitales, que implican una mayor necesidad de acceso al efectivo y a los servicios financieros presenciales, independientemente de su lugar de residencia.
Las personas mayores de 65 años realizan aproximadamente el 70% de sus pagos en comercios físicos en efectivo; el 41,7% acuden al menos una vez al mes a retirar efectivo a la ventanilla, frente al 13,3% que se observa para el conjunto de la población. Si bien un 65% de la población española utiliza la banca online, este porcentaje se reduce hasta el 38% en el caso de los ciudadanos con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años.
Tras la campaña «Soy mayor, no idiota», lanzada en enero de 2022, que reclama el despliegue de actuaciones frente al riesgo de exclusión financiera de las personas mayores, Economía y los bancos actualizaron el «Protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la Banca».
Las entidades adquieren el compromiso de mejorar la atención presencial en las oficinas ampliando horarios, estableciendo canales prioritarios e impartiendo formación específica a sus empleados. Y algunas entidades han creado la figura del «embajador sénior» con el fin de asesorar a las personas mayores.
Se comprometen, además, a establecer una atención telefónica preferente, con un interlocutor personal disponible durante nueve horas al día. Finalmente, adquieren el compromiso de adaptar los cajeros, las aplicaciones para dispositivos móviles y los sitios web con el objetivo de ofrecer versiones simplificadas para los clientes mayores o con discapacidad.
En aquellos municipios con más de 500 habitantes sin punto de acceso presencial a servicios financieros (243, en los que residen unas 211.000 personas), la banca asegura al menos uno. Para aquellos municipios con menos de 500 habitantes sin punto de acceso a servicios financieros (2.987 municipios en los que residen en torno a 446.000 persona) se asume el compromiso de ofrecer servicios bancarios básicos, garantizando el acceso al efectivo, a través de alguna de las modalidades.
Para los municipios con un único punto de acceso físico a los servicios bancarios, las asociaciones se comprometen a intentar mantener dicho punto de acceso al menos durante el período de 12 meses en el que se atienden los dos compromisos anteriores y se comprueba su efectividad. Lasentidades que planeen cerrar el único punto de acceso que pueda existir en estos municipios se comprometen a comunicar esta decisión a los clientes con un plazo de antelación de al menos cuatro meses.
Otra medida de calado es la firma, en julio de 2022, de un acuerdo de colaboración entre las tres asociaciones bancarias (AEB, CECA y UNACC) y Correos parael ingreso y la retirada de efectivo, así como el acceso a otros servicios financieros, en las oficinas postales.
Adicionalmente, el acuerdo también establece la posibilidad de que los 6.000 carteros rurales puedan entregar efectivo a domicilio (hasta 500€). Si bien este servicio es especialmente útil y eficaz para personas residentes en entornos rurales, algunas entidades han planteado la posibilidad de ofrecer el servicio también en ámbitos urbanos.
Se encuentran en tramitación parlamentaria dos proposiciones de ley que, de aprobarse, implicarían la obligación de disponer de cajero automático en todos los municipios de España, independientemente de su tamaño y su distancia a otros municipios con cajero. La instalación y el mantenimiento de los cajeros por parte de las entidades serían obligatorios en aquellos casos en los que no se cubriera de forma voluntaria, y se determinaría la entidad responsable en función de la cuota de mercado de las entidades en cada provincia.