«En España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es muy ambicioso. Creo que es un buen plan, pero muy ambicioso. En mi opinión, de lo que adolece es el soporte regulatorio necesario para alcanzar los objetivos que ahí están planteados. Me consta que son conscientes en el Gobierno y el regulador y, por tanto, se necesita una mejora de la regulación y la fiscalidad que permita adoptar los objetivos del plan», ha dicho Bogas en rueda la rueda de prensa de presentación de resultados correspondientes a 2023.
En este sentido, el directivo ha subrayado que para que la compañía siga invirtiendo en el país de manera rentable se necesitan «mejoras» en las condiciones regulatorias y fiscales. «Estoy absolutamente seguro de que estas condiciones se van a dar. El problema que veo es que todo necesita un tiempo para que se vaya proponiendo e implementando y ese tiempo, que es un tiempo precioso, retrasaría las inversiones. El problema está en que un retraso podría llevarnos a un grave riesgo de cumplir los objetivos del PNIEC. Lo que estamos tratando de hacer es llegar al regulador y al Gobierno que se necesita celeridad en las soluciones que se vayan a adoptar».
La matriz de la eléctrica española, Enel, invertirá 8.950 millones de euros entre España y Portugal en el periodo 2024-2026, y la mayoría se quedará en el territorio nacional. Bogas también ha indicado que es una «buena señal» para el sector que dentro de la decisión del Gobierno de extender el impuesto energético, tal y como acordó con Sumar en su acuerdo de coalición, se haya propuesto una mitigación a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con incentivos a la inversión en proyectos de descarbonización. «Todas las señales van en la dirección correcta y creo que es urgente tomar las decisiones», ha apuntado.
Bogas ha considerado que el gravamen extraordinario «no tiene sentido» y que «no es comparable con ninguno europeo». «Ha sido una contribución extraordinaria por supuestamente en exceso de beneficios que no era el caso en el sector eléctrico por muchas razones, pero políticamente se decidió extender y es el propio Gobierno el que se da cuenta de que el pago del 1,2% detrae recursos para invertir y baja la rentabilidad de las inversiones, esto va mal con el necesario impulso y esfuerzo de inversión que hay que hacer para cumplir el PNIEC. Es buena noticia que se mitigue el efecto con incentivos a las inversiones en descarbonización, denota el espíritu y que con conscientes del esfuerzo que hay que hacer», ha señalado.
El consejero delegado de Endesa también ha hecho hincapié en la necesidad de que se dé una mayor claridad a las distribuidoras con la modificación del próximo periodo regulatorio, que abarcará de 2026 a 2031. Todo el sector espera una subida de la tasa de retribución financiera pero no será hasta final de año cuando la CNMC publique la propuesta de circular. En su opinión, tanta «incertidumbre» puede llevar al colapso de la distribución con tiempos que las empresas «no se pueden permitir». En el mismo sentido, ha pedido eliminar el límite a la inversión en redes ligado al PIB. «Estamos invirtiendo entre 2.000 y 2.500 millones de euros y hacen falta unos 5.200 millones según el PNIC. Saber la retribución dentro de dos años (las inversiones de 2024 las pagarán en 2026) es inasumible», ha defendido.
Bajo un contexto macroeconómico inflacionista y con continuadas subidas de los tipos de interés, las distribuidoras presionan para que se adecúe la retribución a la actual coyuntura y que la nueva planificación sea al alza. De este modo, el sector denuncia que la falta de señales adecuadas en cualquiera de los parámetros hace que la inversión tanto en redes como en otros activos no resulte de interés para las compañías, por lo que reclaman que se reconozcan ‘ex-ante’ todos los costes e inversiones que declaran en sus auditorías.
En España, la actividad de distribución eléctrica cuenta con una rentabilidad garantizada y el valor actual es del 5,58%, frente al 6,53% del periodo anterior. El regulador ya ha avanzado que realizará determinados ajustes en la metodología de cálculo para adaptarla a los retos de la transición energética, y posibilitar la inversión eficiente en redes. La fecha prevista de adopción se va finales de octubre de 2025, mientras que las compañías tienen que definir ya su estrategia.
Bogas también ha opinado sobre la vuelta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y ha comentado que es una «señal positiva» en cuanto vaya dirigida a crear un órgano más focalizado sobre el sector energético dotado con más recursos y con el objetivo de ampliar miras y «no ser solamente el guardián» de la regulación energética, sino que también tenga en cuenta la descarbonización y qué medidas se tienen que implementar para que se cumpla el PNIEC.
Preguntado por el cierre nuclear, ha sido bastante claro. «Intelectualmente estoy a favor de la extensión de la vida de las nucleares, pero si por política energética es que no, lo acepto», ha asegurado. Además, es conocedor de que es muy difícil cambiar el calendario porque algunos reactores están ya en el «tiempo de descuento». «El Gobierno tiene una convicción muy firme de que las nucleares no deben ser una opción a futuro. La Agencia Internacional de la Energía dice que para cumplir el ‘Net Zero’ a 2050 hay que triplicar las renovables, pero también dice que hay que duplicar las nucleares y que si no se duplican, no se conseguirá», ha señalado. Bogas también ha afirmado que Endesa no compra gas a Rusia de manera directa, pero ha preferido no pillarse dedos en cuanto al origen del gas que comercializan algunos ‘brókers’.
