Tras mostrar su “respeto” por “los que se han concentrado y los que no se han concentrado”, el ministro reclamó también a los manifestantes “respeto al poder legislativo” y que no haya “injerencias” en su labor. Además, el titular de Justicia lamentó “mucho los insultos al presidente del Gobierno” y dijo que ese tipo de actitudes le “preocupan”. Durante la protesta se pudieron escuchar voces pidiendo “independencia judicial”. Entre ellas, destacó la de un hombre que clamaba “Pedro Sánchez, hijo de puta”. En ese momento, Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, pidió que no hubiera “insultos” y advirtió que “los insultos nos perjudican”.
Bolaños aseguró que jueces y fiscales “pueden estar tranquilos” porque en las reformas impulsadas por el Ejecutivo “no hay ni una sola línea que afecte ni a la independencia judicial, ni al Estado de derecho”. Insistió en que esas “son cosas que dice la derecha” basándose en “motivos infundados” y pidió que “se lean” los textos legislativos que tienen vocación de ser reformas “estructurales” que con frecuencia provocan “una reacción que luego, con el tiempo, se demuestra que son infundadas”. Y acabó asegurando que esta reforma obliga a elegir entre “inmovilismo o reformas”.
El ministro insistió en que gracias a las modificaciones que están pendientes de aprobación por las Cortes se incorporarán más de 2.000 jueces y fiscales, la cifra “más alta de la historia”, que corrige una carencia secular.
Bolaños sostuvo que las nuevas normas “no afectarán en nada a las nuevas promociones de jueces”, sino que mejorará su promoción profesional, ya que a los cinco años serán magistrados. También rechazó los supuestos perjuicios para los opositores de la regularización de jueces y fiscales sustitutos porque, dijo, ellos siempre irán “por debajo” de los de opositores “en el escalafón”. De hecho, insistió, los actuales opositores se verán beneficiados porque saldrán a concurso 1.500 plazas, una cifra que nunca ha estado a su disposición.
En definitiva, dijo Bolaños, la reforma “mejora la carrera judicial y fiscal, da más oportunidad de promoción a los futuros jueces y habrá más magistrados y más igualdad de oportunidades con independencia de la situación económica” de los aspirantes.
