El Ejecutivo comunitario, según la nota de prensa enviada este mediodía, considera que la empresa pública puede haber restringido la competencia en el mercado español de servicios de venta de billetes de tren en línea al negarse a proporcionar a las plataformas de venta de billetes de terceros.
Bruselas destaca en particular que la empresa pública ha limitado la información que comparte respecto a su gama de billetes, descuentos y características, así como los datos en tiempo real (antes del viaje, durante el viaje o después del viaje) relacionados con sus servicios de transporte ferroviario de pasajeros. La política de Renfe privilegia así sus propios canales de venta directa, como su página web o su aplicación para teléfonos móviles, en donde los usuarios sí pueden acceder a la información completa.
La web es el principal canal de venta de la empresa, por delante de las estaciones y de las agencias. Este canal representó en 2019 un 60% de las ventas totales de billetes con reserva de plaza que comercializa la empresa. El sitio web renfe.com recibe más de 169 millones de visitas anuales, según información actualizada en 2021, lo que afianza el liderazgo de la empresa. “La competencia en el mercado de venta de billetes de tren en línea es crucial para garantizar el acceso de los clientes a servicios ferroviarios asequibles y promover medios de transporte respetuosos con el medio ambiente”, ha afirmado Vestager, vicepresidenta ejecutiva responsable de la Comisión Europea y responsable por la política de competencia. Vestager ha resaltado que la actitud de Renfe “restringiría y distorsionaría la competencia, en detrimento último de los consumidores”.
Bruselas ha afirmado que Renfe y las autoridades de los Veintisiete ya han sido informados sobre el procedimiento comunitario en este asunto. El Ejecutivo comunitario dará a conocer en las próximas horas la evaluación preliminar que resume los principales hechos del caso e identifica sus principales preocupaciones. La Comisión llevará a cabo ahora su investigación en profundidad como “cuestión prioritaria”. La misma no tiene un plazo legal establecido, sino que “depende de varios factores”, que incluye la complejidad del caso y la cooperación de las empresas. Renfe ahora deberá presentar sus alegaciones, a la vez que responde las inquietudes presentadas por la Comisión.
