Junto a Polonia, Letonia, Lituania, Chipre y Portugal, el Ejecutivo europeo denuncia que España no ha informado de la aplicación nacional de la medida en vigor desde el 1 de enero de 2024.
En un nuevo paso, Bruselas envía un dictamen motivado a estos Estados miembros, que ahora tendrán dos meses para responder dudas y tomar las medidas necesarias, mientras que la Comisión Europea se guarda la opción de llevar el asunto ante el TJUE.
La directiva aporta mayor equidad y estabilidad al panorama fiscal en la UE y a nivel mundial al limitar el descenso en las tasas impositivas corporativas y reducir el incentivo para que las empresas transfieran sus ganancias a jurisdicciones con bajos impuestos.
El tipo mínimo del impuesto de sociedades se aplica a los grupos multinacionales de empresas y a los grupos nacionales de gran magnitud en la UE con unos ingresos financieros combinados superiores a 750 millones de euros al año.
Lo que sí ha hecho la Comisión Europea es llevar a España ante el TJUE por no aplicar correctamente la Directiva de fusiones empresariales, que busca eliminar los obstáculos fiscales a las reorganizaciones transfronterizas. Según ha confirmado el Ejecutivo europeo en un comunicado, ha decidido dar este paso después de que no haya percibido voluntad por parte de las autoridades españolas de realizar cambios al sostener que su legislación fiscal se ajusta a la Directiva sobre fusiones.
«La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes y, en consecuencia, lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», señala.
El objetivo de la Directiva sobre fusiones es eliminar los obstáculos fiscales a las reorganizaciones transfronterizas en las que participen empresas situadas en dos o más Estados miembros. Busca armonizar las normas fiscales relativas a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones entre sociedades en el mercado interior y en los Estados miembros de la UE.
