La Comisión Europea ha valorado positivamente la Adenda al Plan español, señalando que «permite hacer frente a los nuevos desafíos» del contexto internacional y energético en particular, y destacando que supone «una respuesta adecuada y equilibrada a la situación económica y social».
Además, ha destacado el potencial de la Adenda para seguir impulsando el crecimiento económico en los próximos años. En concreto, considera que, a través del conjunto de transferencias y préstamos, «tiene potencial para aumentar el nivel del PIB de España entre un 2,7% y un 3,5% de aquí a 2025», sin incluir de modo explícito el impacto positivo de las reformas estructurales. Se reconoce así «el impacto sobre el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la cohesión territorial y social».
En total, el Plan de Recuperación permitirá movilizar hasta 163.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, más del 12% del PIB de España, que se unen a los 36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027 para culminar un ambicioso programa de inversiones modernizadoras del país. La canalización de estos recursos se realizará a través de inversiones y reformas dirigidas a impulsar la autonomía estratégica en los ámbitos energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, y el parque de vivienda para alquiler social o a precio asequible.
Por otra parte, la Comisión Europea ha aprobado un nuevo calendario de desembolsos, que incluye transferencias adicionales y préstamos, así como los hitos y objetivos asociados, con el fin de mantener el ritmo de inversión en los próximos años.
Con el nuevo calendario, España podrá recibir siete próximos desembolsos y una prefinanciación de unos 1.400 millones de euros asociada al capítulo REPowerEU. En ese sentido, podría recibir entre transferencias y préstamos hasta 25.600 millones de euros en 2024, hasta 44.600 millones en 2025 y hasta 44.300 millones en 2026.
Con el fin de aprovechar al máximo el potencial transformador de la Adenda se iniciará de inmediato el diseño y puesta en marcha de los instrumentos para la gestión de los nuevos fondos, añaden desde el Ministerio de Asuntos Económicos.
Bruselas acepta el retraso en los peajes
La Comisión Europea ha aceptado que España retrase la implantación de peajes en las autovías que en principio preveía para 2024. El Gobierno tiene el visto bueno para el cambio solicitado en la medida que el propio Ejecutivo había propuesto, eso sí, sin que implique «bajar el nivel de ambición de la medida».
No está claro, sin embargo, cuándo deberá entrar en vigor el pago por uso de las carreteras, si es que deberá hacerlo en algún momento, ya que España ha ofrecido potenciar el transporte de mercancías por tren en sustitución a los peajes y la Comisión ha aceptado el cambio.
El tema de los peajes ha causado importante polémica este verano porque España incluyó en el Plan de Recuperación, remitido en 2021 a la Comisión Europea para optar a los fondos Next Generation, la mención a un sistema de pagos de este tipo, en el marco de una modificación de la ley sobre movilidad sostenible. Pero la fuerte oposición que generó llevó al Gobierno a negar que estuviese valorando implementar peajes en las autovías, incluso cuando el director de la DGT dio por hecho que serían una realidad el año que viene. Después, el tira y afloja ha sido constante, no estando claro hasta este lunes si realmente el Gobierno había conseguido o no retrasar su implantación.
