Esta norma forma parte del plan de acción de la Comisión para financiar el crecimiento sostenible y uno de sus principales objetivos es reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles a fin de alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo. La directiva aclara la necesidad de que los factores de sostenibilidad y los objetivos relacionados con ella se tengan en cuenta en el proceso de gobernanza y control de los productos de las empresas de servicios de inversión que producen instrumentos financieros y sus distribuidores.
España dispone ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias o, de lo contrario, la Comisión podrá decidir llevar el asunto ante el TJUE.
