La operación le fue notificada a Bruselas el pasado 21 de octubre y con ello se inicia un plazo, que se extenderá hasta el 26 de noviembre, para que los servicios comunitarios determinen si es necesario iniciar una «investigación en profundidad» o la fusión puede seguir adelante sin mayor examen del Ejecutivo comunitario.
En caso de no recibir notificación, la autorización se hará efectiva por silencio administrativo positivo desde el 26 de noviembre.
La Unión Europea cuenta desde 2023 con este reglamento sobre subsidios extranjeros (FSR, por sus siglas en inglés) por el que las empresas deben presentar información detallada a la Comisión Europea sobre subvenciones extranjeras recibidas en los tres años anteriores a la entrada en vigor del nuevo marco común.
En concreto, el reglamento establece que deben ser notificadas a Bruselas aquellas operaciones en las que alguna de las empresas esté establecida en la UE y genere al menos 500 millones de euros de volumen de negocio en el mercado comunitario y si las empresas han obtenido de terceros países en los tres ejercicios anteriores contribuciones financieras combinadas superiores a 50 millones de euros.
En el anuncio de la OPA sobre Sabadell remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BBVA ya señalaba que presentaría una notificación a la Comisión Europea para que examinase el riesgo de inversiones de terceros países, pero aclaraba que la eficacia de la operación no queda sujeta a la condición de la obtención de esta autorización.
