Sumar, la formación de Yolanda Díaz que forma parte del Gobierno, recurrió a la institución comunitaria para forzar a las regiones del PP a tragar con el reparto de menas que llegaron a las costas de Canarias durante la última crisis migratoria que sufrió el archipiélago. Todo ello, a pesar de que el Tribunal Supremo exigió a la administración central asumir la acogida de miles de menas que aún siguen en las islas.
La principal representante de Sumar en el Parlamento Europeo, Estrella Galán, presentó ante la Comisión Europea una iniciativa en la que denuncia «desprotección e incumplimiento de obligaciones legales por parte de las comunidades autónomas españolas».
Sin embargo, la Comisión ha sido tajante y ha rechazado ayudar al Gobierno en su presión a las regiones encabezadas por presidentes populares. Bruselas asegura que «no puede intervenir en las decisiones operativas nacionales». «Es responsabilidad de las autoridades competentes de los Estados miembros», argumenta. La institución europea ha transmitido al partido de Gobierno su posición a través de una respuesta parlamentaria firmada por el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, el austríaco Magnus Brunner.
En todo caso, la entidad con sede en Bruselas asegura que «sigue de cerca la aplicación por parte de los Estados miembros de las normas de la UE en materia de asilo y protección de menores». Concretamente, le parecen relevantes las acciones puestas en marcha «para garantizar unas condiciones de acogida adecuadas para los menores no acompañados».
Asimismo, la institución europea pone el acento en una norma europea que guarda relación con la acogida de los menas: la Directiva 2013/33/UE, sobre las «normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional».
A su vez, señala que «el interés superior del menor será una consideración básica para los Estados miembros a la hora de aplicar las normas de asilo, también en materia de acogida», según la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La Comisión recuerda que, basándose en esos dos cuerpos normativos, hay una serie de medidas que deben cumplirse, pero que «son responsabilidad de las autoridades competentes de los Estados miembros», es decir, del Gobierno de Sánchez. Entre las decisiones por las que debe velar el Ejecutivo están: la ubicación de los centros de acogida, la gestión de dichos centros y la reubicación de menores no acompañados en el territorio de un Estado miembro.
La ayuda que puede aportar la institución europea se limita al «apoyo financiero a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración». También puede facilitar y promover «la coordinación y la cooperación entre todos los niveles de gobierno».
Sin embargo, aclara que «no puede intervenir en las decisiones operativas nacionales». Es decir, que no puede acceder a la petición de Sumar de «garantizar que todos los niveles de gobierno cumplan sus obligaciones». En otras palabras, la Unión Europea da un portazo al Gobierno de Sánchez y le recuerda que él mismo debe gestionar sus políticas migratorias internas. De ese modo, se niega a forzar a las comunidades del PP a aceptar el reparto de inmigrantes impuesto por el Ejecutivo.
Este reparto fue ampliamente criticado por los políticos del PP porque del decreto del Gobierno quedaban excluidos Cataluña y el País Vasco, que no acogerán menores migrantes. Desde las regiones populares consideran que se trata de un reparto desigual que responde a criterios meramente políticos, especialmente para Andalucía y Madrid, que recibirán la mayoría de menas. Por ejemplo, la fórmula aplicada por el Gobierno de Sánchez establece que la Junta de Andalucía acogerá 2.827 menas. Y el Gobierno andaluz ya planea recurrir el real decreto que le obligaría a doblar las plazas de acogida de las que dispone. Otras comunidades gobernadas por el Partido Popular como Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana también han manifestado su posicionamiento en contra del reparto y ya han avisado de que recurrirán el decreto del Gobierno.
